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“Hay políticos que se financian con platas del narco”. Esta declaración de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial de la UDI, ha reavivado la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile. Actualmente, la legislación protege la privacidad financiera, salvo en casos específicos autorizados por ley o por resolución judicial. Diversas autoridades como el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario, pero siempre requiere aprobación judicial.
En una medida para combatir la elusión fiscal, la evasión y actividades ilícitas como la corrupción y el narcotráfico, el Gobierno ha propuesto ampliar el levantamiento del secreto bancario. Este proyecto, parte del Pacto Fiscal y actualmente en el Senado, permitiría al SII acceder de forma expedita a información financiera confidencial. La iniciativa ha generado críticas, particularmente ante la posibilidad de que el SII actúe como “juez y parte”, y se cuestiona la independencia del organismo dado que su director es nombrado por el Gobierno vigente.
El ministro de Hacienda explicó al Senado que el levantamiento del secreto bancario se realizaría solo con propósitos específicos y tras varios pasos intermedios, aclarando que no se busca hacer públicas las cuentas bancarias y que la información obtenida se destruiría después de cumplir su propósito. Paralelamente, el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica pretende otorgar nuevas facultades de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero.
En respuesta, la oposición ha planteado la necesidad de modificar el sistema de nombramiento del director del SII para avanzar con el proyecto. Evelyn Matthei y otros opositores, como el diputado Frank Sauerbaum (RN), han subrayado que se requiere un sistema de nombramiento que asegure la independencia y permita un adecuado balance de poderes dentro del SII. Solamente bajo estas condiciones considerarían viable la propuesta del Gobierno.
