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La Fiscalía y el Gobierno han rechazado las afirmaciones de homicidio de tres testigos protegidos en las comunas de Lampa y Ovalle. Aunque han negado que esas personas ostentaran tal condición, el tema ha reavivado el debate sobre la efectividad de este tipo de protección.

Según el Gobierno, este asunto es de “máxima prioridad”, dado que se trata de personas que colaboran en investigaciones penales cruciales y pueden estar en peligro. Desde el Ejecutivo, se están promoviendo reformas al Código Procesal Penal y al proyecto que robustece al Ministerio Público, con el objetivo de dotar a la Fiscalía de mayores atribuciones y destinar los recursos con mayor precisión.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha subrayado que en este contexto de protección, el Ejecutivo “no tiene ninguna participación” y añadió que “no participa en la gestión de su protección, no sabe quiénes son; es una tarea exclusivamente de la Fiscalía”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, puntualizó que ser un testigo protegido en la actualidad significa “estar bajo un régimen de tutela, de reubicación y de protección de identidad que lleva a cabo el Ministerio Público”.