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Ricardo Mewes y Susana Jiménez, líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), han ingresado al debate sobre el proyecto que establece votaciones en dos días sin imponer multas para quienes no voten, pese a que el voto es obligatorio.

El Ejecutivo ha anunciado su intención de vetar esta iniciativa para reintroducir las sanciones, a pesar del apoyo de algunos parlamentarios oficialistas. En una carta dirigida a El Mercurio, los dirigentes empresariales expresaron su preocupación, argumentando que sin multas, el voto obligatorio se vuelve voluntario en la práctica. “El respeto a la democracia y a nuestras normas debe guiar las decisiones parlamentarias”, sostienen.

Los líderes enfatizaron que el voto obligatorio genuino contribuye a una mayor participación electoral, señalando que las cifras de votantes aumentan notablemente con multas. Compararon las cifras de la elección de alcaldes de 2021, donde el voto era voluntario y votaron 6,4 millones de personas, con las elecciones de 2022, donde el voto fue obligatorio y participaron 12,5 millones de votantes.

Además, Mewes y Jiménez manifestaron que alterar las reglas electorales para favorecer a un sector político pocos meses antes de las elecciones municipales y regionales de octubre es una maniobra grave. Destacaron que dicha medida no es coherente con la tradición de institucionalidad que distingue a Chile en la región. La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro Álvaro Elizalde, han confirmado la posibilidad de un veto presidencial, con la última palabra en manos del Presidente Boric.