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Frente Amplio se distancia del pacto en Senado sobre pensiones, señalando posibles impactos en la industria

Agosto 17, 2024
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Fuente de la imagen: emol.cl


Diputados del Frente Amplio (FA) han expresado su descontento y preocupación respecto al protocolo de tramitación acordado entre el Gobierno y los senadores de Chile Vamos sobre la reforma previsional, el cual estipula que el proyecto será despachado del Senado en enero de 2025. A pesar de las reuniones previas con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, los parlamentarios del FA no consideran vinculantes los acuerdos alcanzados en la Cámara Alta y planean revisar minuciosamente el proyecto cuando regrese a la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Sáez (FA) manifestó a Emol su inquietud por varios aspectos del acuerdo, subrayando la importancia de establecer un sistema de seguridad social basado en principios de solidaridad. Sáez destacó la relevancia de desintegrar la industria de AFP para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de las pensiones.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (FA) criticó la influencia de la política electoral en el debate previsional, lamentando que “los senadores de derecha mezclen las elecciones municipales con una reforma de Estado que debe prevalecer los próximos 50 años”. Ibáñez enfatizó la necesidad de romper con el monopolio de las AFP en la administración de los fondos previsionales.

La diputada Gael Yoemans (FA), aunque calificó el acuerdo como “una buena noticia” en términos de avance, sostuvo que el seguro social debe ser un aporte permanente para asegurar jubilaciones sostenibles en el tiempo y la separación de la industria en la administración de los fondos para evitar conflictos de interés en las inversiones.

Finalmente, el diputado Andrés Giordano (IND-FA) criticó la falta de claridad en los contenidos del acuerdo y expresó su preocupación de que el debate en el Senado haya estado dominado por partidos de oposición. Giordano insistió en que el enfoque debe estar en asegurar pensiones suficientes y en garantizar que las instituciones responsables de las inversiones respondan ante eventuales pérdidas del ahorro previsional.

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