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Varios diputados integrantes de las comisiones de Energía y Minería del Congreso han manifestado su alarma ante el incremento del 23% en las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre, calificando la situación como “un golpe directo al bolsillo de las familias”. Esta alza fue confirmada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su reciente informe técnico, el cual responde a la necesidad de saldar una deuda de US$6.500 millones con las empresas eléctricas, tras el congelamiento de precios desde 2019.
El informe técnico presentado por la CNE se ajusta a la normativa que ordena una serie de aumentos escalonados para lidiar con la deuda acumulada. La primera alza se aplicó el 1 de julio pasado, la segunda se da en octubre de este año, y una tercera está planificada para enero de 2025. Mientras tanto, el proyecto de ley que busca expandir la cobertura del subsidio eléctrico al 40% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) ha retomado su discusión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
Durante una sesión reciente, se revisó una propuesta para recaudar US$150 millones anuales a través de las generadoras eléctricas, aunque esta medida ha sido polémica debido a debates sobre el precio estabilizado de la electricidad. El ministro de Energía, Diego Pardow, urgió al Congreso a avanzar en la tramitación de este proyecto, advirtiendo sobre el riesgo de no actuar a tiempo. Otros diputados, como Marco Antonio Sulantay, han hecho un llamado al Ministerio de Hacienda para que se sumen más recursos públicos a este esfuerzo, sin los cuales muchas familias no podrán manejar el impacto del alza de tarifas.
El debate continúa con varios diputados expresando que las medidas propuestas por el gobierno son insuficientes. Diputados como José Miguel Castro y Andrés Celis han criticado la estrategia gubernamental, llamando a una mayor responsabilidad financiera y señalando la necesidad de un plan integral que proteja tanto a los hogares como a la infraestructura energética. La Comisión de Energía y Minería ha acordado un calendario de votaciones que permitirá despachar el proyecto antes de que finalice el mes de octubre.
