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Este martes, después de las 17 horas, se registró la llegada al Palacio de La Moneda del director general de la PDI, Eduardo Cerna, y la fiscal jefe de Puente Alto, Denisse Valenzuela. Más tarde, a las 18:07 horas, arribó el director nacional de orden y seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás. Fueron convocados por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para tratar la balacera ocurrida en la madrugada en Bajos de Mena, que dejó un adolescente de 17 años fallecido y dos niños gravemente heridos. Los responsables amenazaron al personal del Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez para que no atendieran a los heridos.
Este encuentro fue parte del esfuerzo desplegado por el gobierno para enfatizar la gravedad del incidente y movilizar a las autoridades del Ministerio del Interior, liderado por la ministra Carolina Tohá. A lo largo del día, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, destacó la anomalía del evento y cuestionó la falta de acción de la ministra Tohá, insistiendo en que visitara Bajos de Mena en lugar de realizar reuniones en La Moneda.
Durante la primera reunión, se discutió la desarticulación de bandas criminales y el fortalecimiento de indagaciones en sectores con alta actividad delictual. En la reunión posterior con el general Monrás, se revisaron las capacidades territoriales y la distribución de recursos y equipamientos para reforzar la presencia policial. Ambas reuniones privadas podrían dar lugar a nuevas acciones, según información obtenida por La Tercera.
En la mañana, la ministra Tohá fue consultada sobre el incidente, declarando que el caso era de máxima prioridad debido a las circunstancias involucradas. Posteriormente, se coordinó con el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien visitó el Cesfam y definió medidas adicionales de seguridad, incluyendo la presencia de Carabineros durante al menos 30 días.
El suceso llevó a varias figuras políticas a solicitar que el presidente declare Estado de Excepción Constitucional en zonas conflictivas. Diputados de distintas tendencias expresaron la necesidad de esta medida como respuesta al crimen organizado, mientras otros instaron a enfocarse en la reducción del tráfico de armas en las comunidades afectadas.
