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La posibilidad de que Donald Trump busque usar el Departamento de Justicia como herramienta para perseguir a sus oponentes políticos ha suscitado intensos debates y preocupaciones. La idea de que un presidente en funciones podría abrir investigaciones y posiblemente encarcelar a sus rivales es vista por muchos como una amenaza al sistema democrático.

Históricamente, el Departamento de Justicia ha operado con cierto grado de independencia respecto al poder ejecutivo, precisamente para evitar este tipo de abusos de poder. Sin embargo, existen inquietudes sobre hasta qué punto esa independencia puede ser mantenida o manipulada bajo circunstancias políticas extremas.

Expertos legales han expresado que, aunque un presidente podría intentar influenciar al Departamento de Justicia, existen mecanismos legales y éticos diseñados para prevenir que esto suceda. No obstante, el simple hecho de que esta discusión sea parte del discurso político contemporáneo subraya la importante relación entre poder y justicia en el gobierno estadounidense.