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La compañía Antofagasta Minerals, parte del grupo Luksic, se encuentra en una encrucijada debido a una acción legal impulsada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La querella alega un “ocultamiento malicioso de información esencial” en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y apunta a quienes eventualmente sean considerados responsables.

El elemento central de la disputa es el jilguero cordillerano, un ave distribuidas entre las regiones chilenas de Atacama y Biobío. La controversia comenzó en febrero, cuando la empresa avanzaba con el proyecto minero “El Encierro”, cuya inversión alcanzaba los US$95 millones. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió terminar anticipadamente el proceso de evaluación del proyecto tras detectar en el documento sometido al SEIA una imagen de un jilguero cordillerano, acompañada de un comentario que sugería eliminar esa evidencia fotográfica.

La querella presentada por el CDE apunta a sanciones establecidas en la normativa de delitos económicos, la cual pena el ocultamiento o alteración de efectos ambientales que pudieran llevar a una aprobación incorrecta de la calificación ambiental. En su defensa, Antofagasta Minerals explica que el comentario sobre el jilguero fue realizado por una funcionaria de una empresa consultora, y asegura que esta observación no fue respaldada por la firma. Además, destacan que la presencia del jilguero cordillerano está debidamente registrada en el documento evaluador, presentando al CDE el cuestionamiento por la tardía presentación de la querella, que afecta el desarrollo de un proyecto valorado en US$95 millones.