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La Mesa del Sector Público (MSP), integrada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras 15 agrupaciones sindicales, ha presentado al Gobierno un pliego de negociaciones correspondiente al periodo 2024-2025. Entre sus demandas, destaca un incremento salarial significativo y mejoras en las condiciones laborales para los empleados del Estado, haciendo hincapié en la necesidad de un reajuste real de los sueldos, sobre la base de compromisos previamente adquiridos por el Ejecutivo.

Específicamente, los funcionarios solicitan un aumento del 3% real tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en los últimos 12 meses. Además, se ha propuesto la implementación de ingresos mínimos para diferentes categorías del sector público, con cifras específicas para auxiliares y administrativos. El documento enfatiza que estas demandas están alineadas con las políticas salariales vigentes y buscan establecer un ejemplo desde el “Estado empleador”.

Entre otras solicitudes, se destaca la instauración de un bono mensual para trabajadores con menores ingresos, asegurando su cobro y aumentando su alcance. También se exige la continuidad de beneficios como aguinaldos y bonos de vacaciones, sugiriendo que estos se formalicen bajo una norma permanente para garantizar su reajustabilidad y eliminación de exclusiones futuras.

El presidente de la CUT, David Acuña, remarcó la importancia de atender las necesidades de los trabajadores públicos, mientras que Carlos Insunza, coordinador de la MSP, subrayó la obligación del Gobierno de ir más allá de reajustes nominales. La MSP también ha manifestado su descontento con retrasos en compromisos previos y destaca la necesidad de reformas en el empleo público para proteger la estabilidad laboral de los funcionarios. En las reuniones de trabajo, se han atendido cuestiones como salud mental, equidad de género y teletrabajo, solicitando mejoras en estas áreas.

La presentación del pliego es un punto de partida para las negociaciones que definirán el panorama laboral entre el Gobierno de Gabriel Boric y el sector público, en un contexto económico desafiante. Los representantes sindicales esperan que, a pesar de las restricciones presupuestarias, exista un margen fiscal que permita satisfacer las demandas planteadas. Este proceso culminará con la discusión de la Ley de Reajuste General del Sector Público, siendo crucial para las relaciones laborales en el último período del mandato presidencial.