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El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que revocó el rechazo inicial del Comité de Ministros al proyecto Dominga marca un nuevo episodio en una saga que lleva más de 14 años. Este controversial proyecto ha sido una fuente de incomodidad para al menos tres gobiernos y ha enfrentado constantemente a empresarios con grupos ambientalistas.

La historia comienza en 2010, momento en que Andes Iron adquirió Dominga por más de 100 millones de dólares. Tres años después, bajo la primera administración de Sebastián Piñera, el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En 2017, a pesar de las recomendaciones del Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión Regional de Coquimbo emitió un informe desfavorable, sumiendo al proyecto en una prolongada disputa legal y política.

En los años que siguieron, Dominga continuó siendo un tema divisivo. En 2021, el Tribunal Ambiental anuló el rechazo del Comité de Ministros, lo que llevó a una nueva evaluación del proyecto. Actualmente, el Comité de Ministros tiene 15 días para emitir otra votación, aunque el proceso podría alargarse si se presentan más recursos legales, los que ya han sido anticipados por organizaciones ecológicas como Greenpeace y Defensoría Ambiental.

Desde las instituciones gubernamentales y académicas, se destaca la necesidad de reformar el sistema de evaluación de proyectos, dada la excesiva duración de tramitaciones como la de Dominga. Ensombrecido por el escepticismo ambiental y político, el proyecto continúa siendo un símbolo del conflicto entre desarrollo económico y preservación ambiental.