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Esta mañana, los diputados de Renovación Nacional (RN), José Miguel Casto y Andrés Longton, se dirigieron a la Contraloría General de la República para solicitar a la contralora, Dorothy Pérez, un dictamen que evalúe la legalidad de los criterios establecidos por el gobierno para la regularización limitada de migrantes. Esto está vinculado con el registro previo realizado por el Ejecutivo, al que más de 180.000 extranjeros se adhirieron voluntariamente y que podrían beneficiarse de este proceso.
En relación con la solicitud, Longton declaró: “Vinimos a señalar una posible ilegalidad en el proceso de regularización masiva de migrantes que entraron al país de manera clandestina e ilegal, proceso que el gobierno pretende realizar”. Además, recalcó que “estas personas cruzaron nuestras fronteras de manera ilegal y el gobierno busca regularizarlas sin un control apropiado de nuestras fronteras, ni capacidad de deportación, lo cual resulta inaceptable dadas las actuales condiciones del país.”
Longton enfatizó que la Ley de Migración establece sanciones para quienes cruzan fronteras de manera ilegal y destacó que el gobierno no puede ignorar esto. Añadió que pedir arraigo laboral a personas que ingresaron ilegalmente es inviable, ya que trabajar sin papeles implica sanciones para los empleadores.
Por su parte, Castro expresó su escepticismo sobre las acciones del gobierno, comparándolas con indultos previos, y cuestionó la claridad de los antecedentes penales de los migrantes registrados. También planteó preocupaciones relacionadas con posibles beneficios sociales futuros para estos individuos. Con un tono crítico, destacó que el gobierno actúa guiado por ideologías en lugar de atender a las demandas de los chilenos.
