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Este martes, el grupo de legisladores del Partido Republicano comunicó la presentación de una solicitud para instar la conformación de una comisión especial que investigue la frustrada adquisición de la vivienda del exlíder Salvador Allende, destinada a convertirse en museo. Además, confirmaron su intención de plantear un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, cuestionando la posible violación de la Carta Magna en el acuerdo de compra.
La controversia recae en el papel de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, quienes firmaron dicho contrato de compraventa. Según expresó el jefe del bloque parlamentario, Luis Sánchez, “sin el destape realizado por los medios, este asunto habría permanecido oculto bajo la administración del Presidente de la República”. Asimismo, subrayó la importancia del descubrimiento del contrato firmado como parte del proceso de compra.
Sánchez advirtió que la conclusión de dicho contrato activa un artículo constitucional que podría justificar la destitución de Fernández y Allende por acordar convenios con el Estado, acción que consideran inconstitucional. En consecuencia, han decidido solicitar al Tribunal Constitucional que delibere sobre el asunto, remarcando la gravedad de la situación donde una senadora activa su voto en discusiones críticas, lo que calificó como una amenaza a la democracia.
