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El reciente convenio alcanzado entre los senadores de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el gobierno sobre la reforma de pensiones ha generado reacciones dispares y aún no logra el respaldo unánime de la oposición completa. El acuerdo ha desencadenado un debate comunicacional entre la coalición y el Partido Republicano, manifestando estos últimos críticas hacia el proyecto.

En el seno de los centros de estudios del sector, se han expresado preocupaciones sobre los potenciales inconvenientes técnicos que el proyecto podría acarrear a largo plazo. Si bien algunos valoran el pacto político, prevalecen las críticas por considerarlo apresurado al no contemplar adecuadamente los detalles y las repercusiones de la iniciativa. La directora ejecutiva del centro, Bettina Horst, consideró que la reforma introduce componentes que obligan a los trabajadores a prestar al Estado y critica su complejidad.

Las críticas también alcanzan al impacto económico, especialmente en empleos y mipymes, además del significativo gasto fiscal que supondría. Mientras algunos directivos sostienen que es fundamental regular los intereses del país por encima de las conveniencias partidistas, otros resaltan que el acuerdo no aborda de manera óptima los desafíos del sistema previsional, como las lagunas previsionales y la edad de jubilación.