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La noche del sábado 8 de marzo se llevó a cabo una reunión en la residencia del ministro de Economía, Nicolás Grau. En esta cita se despidió a Carolina Tohá, exministra de Interior, quien había dejado su puesto para aspirar a la presidencia. A este evento asisten la mayoría del gabinete del Presidente Gabriel Boric, con excepción de Carlos Montes, ministro de Vivienda, y Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. La reunión se enmarca en un clima de celebración y política.

En el ambiente festivo, se mostró un sólido apoyo a Maya Fernández, quien enfrentaba una acusación constitucional por su rol en una operación inmobiliaria relacionada con la casa del expresidente Salvador Allende. Mientras tanto, Miguel Crispi, jefe de asesores de Boric, comenzaba a enfrentar una ardua batalla política durante su presentación ante una comisión investigadora sobre el delicado caso Monsalve.

Crispi sostuvo que su rol como asesor le impedía revelar detalles confidenciales, lo que llevó a que la Contraloría General determinara la obligatoriedad de su testimonio. El clímax se alcanzó el lunes 10, cuando las tensiones dentro del gobierno, junto a presiones externas y la revelación sobre el contrato de su esposa, llevaron a Crispi a presentar su renuncia.

El Frente Amplio criticó la salida de Crispi, mientras que voces disidentes dentro del partido vieron su renuncia como una oportunidad para realinear los esfuerzos del Ejecutivo. En paralelo, surgieron conflictos internos relativos a otros miembros del gabinete. La salida de Crispi y las tensiones colaterales reflejan las complejidades dentro del gobierno de Boric, en un momento crítico de su administración.