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Durante una presentación ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, relacionada con la frustrada adquisición por parte del Estado de la residencia del expresidente Salvador Allende, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, justificó la acción de la institución a su cargo. Pérez aclaró que la Contraloría solo aprobó una autorización inicial en el procedimiento, conforme lo establecen las normativas vigentes.
Pérez detalló que el papel de la Contraloría se limitó a validar un paso preliminar en la adquisición de un bien raíz por parte del fisco. Al autorizar el primer decreto, certificaron que se cumplían las condiciones legales de motivación para la compra, tasación y precio del bien, según los estudios disponibles, sin considerar la participación en la venta de la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa Maya Fernández, lo cual, señaló, es inconstitucional. Según Pérez, en esta fase no se examina la identidad de los propietarios, dado que pueden cambiar antes de concretarse la compraventa.
Al ser consultada sobre si un segundo decreto habría rechazado el acuerdo de compraventa, Pérez afirmó que la Contraloría evita pronunciarse sobre situaciones hipotéticas. En paralelo, el líder de la comisión, Andrés Longton, criticó la falta de comparecencia de la senadora Isabel Allende y de Leonardo Moreno, antiguo jefe del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, quien monitorizó la transacción desde el Ejecutivo. Longton mencionó que la exministra Maya Fernández tendrá la oportunidad de explicar su posición durante el juicio político pendiente en su contra.
