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La administración de Trump ha estado desafiando cada vez más las órdenes judiciales, comenzando con dilaciones, pasando por acrobacias semánticas y ahora llegando al borde de la desobediencia abierta.

Grandes partes de la agenda del presidente Trump han estado atascadas en los tribunales, desafiadas en decenas de demandas. La administración ha congelado dinero que los tribunales le ordenaron gastar. Ha bloqueado a The Associated Press del pool de prensa de la Casa Blanca a pesar de una orden judicial que decía que la organización de noticias debía participar. E ignoró la instrucción de un juez de devolver aviones con inmigrantes venezolanos que iban hacia una prisión tristemente famosa en El Salvador.

Pero el ejemplo principal de lo que los expertos legales dicen que es una tendencia profundamente preocupante y escalonada es la respuesta combativa de la administración a la decisión de la Corte Suprema la semana pasada en el caso de un inmigrante salvadoreño. La administración deportó al inmigrante, Kilmar Armando Abrego García, a El Salvador a pesar de una orden de un juez de inmigración en 2019 que prohibía explícitamente esa acción.