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Después de que la administración Trump apresurara a casi 240 inmigrantes centroamericanos en aviones fletados el mes pasado y los enviara, la mayoría sin audiencias, a una prisión en El Salvador, los tribunales respondieron con una ráfaga de órdenes más o menos instruyendo a los funcionarios de Trump a encontrar una forma de darles el debido proceso que les había sido negado.

Pero durante gran parte de las últimas semanas, la Casa Blanca ha evitado, ha dilatado y ha encontrado otras formas de desafiar algunas de esas órdenes. Y eso ha llevado a un desarrollo notable.

Dos jueces federales en Washington y Maryland que manejan casos derivados de los vuelos de deportación han declarado ahora que tienen motivos para creer que los funcionarios de Trump han actuado de mala fe al no cumplir con sus decretos. Para llegar al fondo de la obstrucción, los jueces han hecho planes para realizar indagaciones exhaustivas sobre quién en la administración puede haber sido responsable.