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Hace dos semanas, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones federal en Washington levantó la congelación de los despidos de empleados en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, con algunas condiciones. Los jueces, dictaminando un viernes por la noche, dijeron que los trabajadores podían ser despedidos si los líderes de la agencia determinaban, después de una evaluación cuidadosa, que no eran necesarios para llevar a cabo las responsabilidades legalmente requeridas de la oficina.

En cuestión de horas, funcionarios de la administración Trump, trabajando en estrecha colaboración con asociados de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, se apresuraron a despedir a casi todos los empleados de la agencia. Para la tarde del jueves siguiente, los líderes de la oficina enviaron avisos de terminación a casi 1,500 empleados, reteniendo apenas a 200 personas, y ordenaron que el acceso de los trabajadores despedidos a los sistemas de la agencia fuera bloqueado al día siguiente.

Un juez ha vuelto a detener los recortes por ahora. Pero los detalles de lo que sucedió en la agencia, que supervisa bancos y prestamistas y hace cumplir las leyes de protección al consumidor, serán fundamentales para determinar si los despidos pueden proceder. Cientos de páginas de registros de la agencia recién publicados, complementados con relatos presentados en el tribunal por más de 20 empleados de la agencia, fueron presentados antes de una audiencia esta semana ante la Jueza Amy Berman Jackson del Tribunal de Distrito Federal en Washington.