Un alto funcionario nombrado por Trump en el Departamento de Justicia ordenó una investigación agresiva en los últimos meses a los manifestantes estudiantiles de la Universidad de Columbia, lo que generó ira y alerta entre los fiscales y investigadores de carrera que vieron la demanda como políticamente motivada y carente de mérito legal, según personas familiarizadas con el episodio.

La solicitud de la investigación sobre los estudiantes que protestaron por la conducta de Israel en el conflicto de Gaza también provocó rechazo de un juez federal de magistratura, quien consideró que algunas de las medidas solicitadas por el funcionario, Emil Bove III, eran injustificadas y podrían violar la Primera Enmienda, según las fuentes.

La amplitud de la investigación, llevada a cabo por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, no se había reportado previamente. El enfrentamiento resultante destaca las tensiones que sacuden al departamento mientras los funcionarios de la administración buscan llevar a cabo la agenda del presidente Trump. Esa propuesta incluye redirigir la división de derechos civiles lejos de su enfoque tradicional de proteger los derechos de grupos minoritarios hacia una nueva misión de cumplir la promesa de campaña de frenar a los manifestantes estudiantiles en medio de acusaciones de antisemitismo rampante en los campus universitarios.