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En 1989, el gobernador republicano de Nueva Hampshire, Judd Gregg, se enfrentaba a un agujero presupuestario que no sabía cómo cubrir. Su secretario de salud ideó una solución: un movimiento fiscal que había escuchado a través del rumor y que obligaría a Washington a enviar millones de dólares extra en fondos de Medicaid al estado.

Se llamaba un impuesto a proveedores de Medicaid, y Nueva Hampshire fue uno de los primeros estados en intentarlo. El estado gravaba a sus hospitales y les devolvía dinero en forma de pagos más altos por la atención de los pacientes de Medicaid. En teoría, el impuesto inflaba el gasto de Medicaid del estado, permitiéndole recoger más fondos de coincidencia del gobierno federal.

“Era una forma de que el estado básicamente engañara al gobierno federal, por así decirlo”, dijo recientemente el Sr. Gregg.