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El gobierno conoce sus nombres. Sus huellas dactilares han sido escaneadas en las computadoras del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional sabe dónde viven la mayoría de ellos, ya que los inmigrantes en cuestión, más de 500,000 de ellos, residen en Estados Unidos legalmente.

Pero dos nuevas decisiones de la Corte Suprema los han dejado expuestos a la deportación, un giro brusco para una población que ha podido permanecer en el país utilizando vías legales para personas que enfrentan guerra y tumultos políticos en sus países de origen.

“Miles de personas, especialmente haitianos, cubanos y venezolanos, pasan instantáneamente de estar ‘legalmente presentes’ a ‘deportables’”, dijo Jason Houser, un ex funcionario de Inmigración y Control de Aduanas durante la administración de Biden.