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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha introducido una nueva reglamentación destinada a establecer un estándar mínimo de seguridad, registro y verificación en las transacciones y pagos electrónicos. Esta iniciativa responde al mandato del artículo 4 de la Ley N° 20.009, buscando proteger a los usuarios contra el fraude electrónico y homogeneizar los protocolos usados por emisores de tarjetas de pago y otros proveedores financieros.

El propósito de esta norma es crear pautas comunes en relación con los mecanismos de transacciones electrónicas, ofreciendo directrices claras para la autenticación y el registro de operaciones. Uno de los puntos destacados es la implementación de la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) para las transferencias de fondos y la vinculación de usuarios a plataformas digitales. Aunque la normativa será efectiva a partir del 1 de agosto de 2025, las obligaciones relacionadas con la ARC entrarán vigentes en julio de 2026.

La abogada Fernanda González elogió la norma por su avance en la protección de usuarios contra fraudes, mejorando la dispersión anterior de medidas de seguridad. Sin embargo, González también señaló que la exigencia de múltiples factores de autenticación puede limitar el acceso a servicios financieros para ciertos grupos, como adultos mayores. Añadió que la normativa debe incluir pautas más integrales para terceros involucrados, como las compañías telefónicas, para evitar regulaciones fragmentadas.

Por otro lado, Álvaro Moraga, de Moraga CIA, manifestó preocupación por la presunción de dolo en la Ley N° 20.009 al usar ARC en operaciones no obligatorias, lo que podría frenar la innovación. Además, solicitó flexibilidad temporal para la implementación de ARC en Fintech más pequeñas, sugiriendo que se ajusten los plazos de implementación para reconocer las diferencias en recursos y capacidades entre startups y grandes instituciones bancarias.