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Un informe recientemente publicado por la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una serie de irregularidades financieras que ascienden a más de $1,5 billones en diversas reparticiones del Estado chileno. El análisis abarca el período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025 e incluye a municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos relacionados con el deporte, salud y medioambiente, entre otros.
Según el documento presentado ayer ante la Cámara de Diputados, se llevaron a cabo un total de 792 auditorías por parte de la Contraloría. Entre las irregularidades detectadas se encuentran incumplimientos a normas contables y presupuestarias, falencias en el cumplimiento de contratos, deficiencias en la rendición de cuentas, problemas en el manejo de fondos, incumplimientos en ingresos, deficiencias en adquisiciones, y gastos improcedentes o sin respaldo.
Ante estas revelaciones, la Contraloría ha iniciado una serie de acciones que incluyen multas por un total de $27.208.900.153, solicitudes de acreditación de ingresos y gastos por $10.487.723.455, solicitudes de restitución por $1.752.174.776, así como procedimientos disciplinarios, remisiones a otras entidades y investigaciones sumarias para esclarecer las irregularidades detectadas en las diversas entidades del Estado.