El informe presentado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) revela una preocupante realidad en el escenario fiscal del próximo año en Chile: un total de veintiocho programas estatales están proyectados para operar sin asignación presupuestaria, lo que representa aproximadamente el 16,9% de los programas existentes. De estos, la mayoría —veintidós en total— corresponden a programas que serán cerrados, mientras que los otros seis se integrarán a iniciativas existentes para mejorar la eficiencia y optimizar recursos. Los ministerios que concentran mayor cantidad de estas operaciones sin financiamiento son el de Desarrollo Social y Familia, responsable del 39,3% de los programas afectados, y el de Educación, con un 17,9%. Otros ministerios como Interior, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Trabajo y Previsión Social también presentan casos de programas con recursos reducidos o ausentes para el próximo año.
Este escenario es consecuencia de una evaluación rigurosa y crítica de los programas públicos, enmarcada en la visión de la Dipres de racionalizar el gasto y priorizar aquellos de mayor impacto o efectividad. En el proceso de formulación del presupuesto 2026, se consideró en gran medida la evidencia de desempeño y resultados de cada programa, aplicando criterios de eficiencia y pertinencia. Como resultado, aproximadamente un 15% de los recursos destinados en 2025 a ciertos programas se redujeron, específicamente en 157 iniciativas que muestran debilidades en sus diseños o en sus resultados, en comparación con el año anterior.
En el mismo informe, la Dipres señala que aquellos programas que no presentaron antecedentes negativos o altas evaluaciones recibieron un aumento aproximado del 2%, con el fin de mantener o fortalecer su operación. Sin embargo, un 16,9% de los programas termina sin recursos asignados para 2026, lo que implica el cese de sus actividades o su incorporación a otras iniciativas.
La mayoría de estos programas sin financiamiento son de carácter social —23 en total— y solo cinco corresponden a ámbitos no sociales. El impacto promedio en sus presupuestos es de una caída del 14,2%. El análisis revela que en el 25% de los casos se produjo una reducción en el presupuesto en más del 31,7%, en algunos casos, incluso, se eliminó totalmente con un presupuesto equivalente a cero. Por otra parte, en la mitad de los casos, los recursos fueron reducidos en un 10% o menos, y solo en el 25% de las iniciativas el presupuesto sufrió incrementos superiores al 7%.
Este proceso de racionalización responde, en parte, a la necesidad de cerrar ciertos programas que presentan debilidades en su diseño y desempeño, pero también a una estrategia de consolidación y optimización de recursos del sector público. Entre los programas eliminados o integrados, se encuentran iniciativas de los Servicios Nacionales de la Discapacidad (Senadis) y del Adulto Mayor (Senama), ambos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además de programas del Instituto Antártico Chileno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante estos cambios, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el principal responsable de los programas con financiamiento suspendido, con un 39,3% del total. Le siguen en importancia los ministerios de Educación (17.9%), Interior, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, y Trabajo y Previsión Social, con participaciones menores, todas en torno al 7%. La disminución del presupuesto no solo responde a cierres inminentes, sino también a consideraciones de eficiencia y racionalización más profunda, con un impacto que en promedio reduce en un 14,2% el monto destinado a estos programas.
La medida de potenciar la eficiencia en el gasto público se refleja en que, en el 25% de los casos, la reducción del presupuesto fue significativamente mayor, alcanzando al menos un 31,7%. Además, en un escenario opuesto, sólo el 25% de los programas anunció aumentos en sus recursos superiores al 7%, lo que evidencia un proceso selectivo y restrictivo en la asignación presupuestaria.
La eliminación de programas con financiamiento total o parcial, en su mayoría, busca la optimización de recursos y la eliminación de duplicidades o programas con bajo impacto demostrado. Sin embargo, esta situación genera una preocupación relevante respecto a la continuidad de los servicios sociales, el respaldo a grupos vulnerables y la implementación de políticas públicas estratégicas en áreas prioritarias.
En conclusión, el análisis de la Dipres pone de manifiesto un escenario fiscal en el cual una proporción significativa de programas públicos enfrentará en 2026 la falta de financiamiento, en una clara señal de esfuerzo por priorizar la eficiencia y la eficacia del gasto, pero que también implica desafíos en la continuidad de ciertos programas y servicios esenciales para la población.
