La controversia respecto a las áreas protegidas en las macrozonas norte, centro y sur del territorio chileno continúa generando debates intensos. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ha presentado recientemente datos que exponen la afectación que esto tendría para el sector minero, particularmente para las pequeñas y medianas operaciones. Este miércoles, en una audiencia con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Sonami reveló que un total de 273 instalaciones mineras estarían ubicadas en los territorios considerados sitios prioritarios. De estos, 52 se encuentran en la macrozona norte y 221 en la macrozona centro, afectando lugares como Chanco, Catemu y Cabildo, entre otros. Además, en la macrozona norte, se verían comprometidas más de 4.200 concesiones mineras, siendo 2.947 de explotación y 1.264 en exploración, abarcando una superficie superior a las 755 mil hectáreas, que representan el 59% del territorio total de esa macrozona, que alcanza las 1.266.839 hectáreas. Este escenario preocupa profundamente a la industria minera, ya que Riesco, presidente de Sonami, advirtió que con la revisión de estos listados, sin un análisis exhaustivo, podrían derivar en decretos que restrinjan aún más las operaciones mineras y afecten el desarrollo económico del sector. “Es fundamental que abordemos este proceso con extrema cautela y precisión, porque muchos de estos sitios aún no se conocen en detalle”, expresó Riesco. La ley 21.600, vigente desde septiembre de 2023, busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y actualmente está en etapa de consulta ciudadana. Sin embargo, la publicación en el Diario Oficial de tres listados de sitios prioritarios, que dividieron el país en las macrozonas norte, centro y sur, ha provocado inquietud en el sector minero. La consulta ciudadana, que permite realizar observaciones en un plazo máximo de 30 días, está próxima a cerrarse, entre el 17 y 21 de octubre, y busca definir cuáles serán los lugares considerados oficialmente protegidos bajo la ley. Desde Sonami, su presidente ha solicitado que este proceso se extienda y se realice con la mayor rigurosidad posible, argumentando que aún no hay claridad sobre los criterios y las áreas específicas que se han incluido en esas listas. “Es imperativo revisar con detalle cada uno de estos sitios, considerando su valor ecológico, superficie y coordenadas, para evitar restricciones indiscriminadas que puedan perjudicar a la actividad minera”, afirmó Riesco. La preocupación se agravó tras una reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, donde se solicitó una postergación en las fechas de consulta. La ministra, reconociendo la inquietud del sector, asintió a esa petición, pero la incertidumbre persiste. Riesco advirtió que la posibilidad de exigir permisos ambientales como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para actividades en los sitios prioritarios podría incrementar la burocracia y paralizar proyectos mineros. La problemática central radica en que, además de los sitios incluidos en la lista del SBAP, otros lugares seguirían siendo considerados prioritarios por la Estrategia Nacional y las estrategias regionales, sin detalles claros sobre las actividades permitidas. La expectativa es que en diciembre del presente año se comience a estructurar un consejo para la sustentabilidad, pero el acuerdo aún no se ha concretado, alimentando la incertidumbre del sector.
La preocupación no solo radica en la protección del medio ambiente, sino en cómo estas decisiones impactarán en la economía y en las condiciones de trabajo de miles de mineros pequeños y medianos, que ven en estas zonas su principal fuente de sustento. Por ello, la postura de Sonami es clara: exigir un proceso de revisión exhaustivo, transparente y fundamentado, para evitar restricciones que puedan frenar el crecimiento de la minería en Chile y poner en riesgo la continuidad de muchas faenas.
La discusión sobre estos temas continúa en el Congreso y en las instancias de consulta pública, mientras que el gobierno trata de equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico. Sonami mantiene su postura firme, llamando a las autoridades a actuar con prudencia y cuidado, y a no aplicar decretos o restricciones sin un análisis profundo y bien fundamentado, que tenga en consideración la realidad de los mineros y del país en su conjunto.
