El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha puesto en marcha una serie de acciones judiciales dirigidas a sancionar a quienes no han declarado adecuadamente sus ingresos provenientes de ventas realizadas mediante medios de pago electrónicos. Tras exhaustivas investigaciones y análisis de antecedentes, se identificó que 47 contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, usaron estos sistemas para llevar a cabo operaciones de venta de bienes y servicios sin declarar los ingresos asociados y, por lo tanto, evadiendo el pago de impuestos correspondientes.
El proceso de fiscalización se extendió desde el año 2020 hasta 2022 inclusive, período en el cual el organismo recabó y cruzó información proveniente de documentos tributarios, bases de datos de los proveedores de medios de pago, así como de otras fuentes oficiales. Los resultados demostraron que estos contribuyentes desviaron fondos mediante transacciones digitales, omitiendo declarar tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto a la Renta, generando un perjuicio fiscal estimado en aproximadamente 5 mil millones de pesos.
Como resultado de estos hallazgos, el SII ha presentado querellas en contra de los responsables. La primera acción concreta fue la interposición de tres denuncias ante el Ministerio Público, que posteriormente confirmó las irregularidades encontradas. La formalización legal por estos delitos ocurrió el lunes 15 de septiembre y afecta a 47 personas, incluyendo tanto individuos como representantes de empresas, quienes enfrentan cargos por presentar declaraciones falsas con ánimo malicioso, así como por la omisión deliberada de tributación.
La directora (S) del Servicio, Carolina Saravia, explicó que estos contribuyentes aprovechaban la falta de una obligación expresamente exigida en el período analizado para acreditar el inicio de actividades ante el organismo, lo que facilitaba la evasión tributaria. “Los imputados operaban sin declarar sus ingresos, eludiendo el pago de los impuestos correspondientes”, afirmó.
El delito detectado involucra la presentación de declaraciones mensuales y anuales, en las que se declararon de forma maliciosa débitos fiscales por IVA relativos a las ventas con tarjetas de crédito o débito, lo que constituye una subdeclaración agravada según el artículo 97 N°4 del Código Tributario. Además, se constató la omisión intencional de declarar otros ingresos generados por operaciones similares, configurando un fraude tributario que afecta la equidad y el cumplimiento fiscal en el país.
Desde el organismo recalcaron que, mediante el cruzamiento de información de documentos tributarios emitidos por los proveedores de los medios electrónicos de pago y de otras bases de datos públicas y privadas, lograron monitorear la conducta de estos 47 usuarios. La fiscalización permitió identificar que estos contribuyentes desviaron impuestos de venta y también subdeclararon sus rentas, violando las obligaciones tributarias y provocando un daño fiscal acumulado.
Este esfuerzo del SII forma parte de una estrategia integral para combatir la evasión fiscal y promover la igualdad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Chile. La acción legal busca no solo sancionar a los infractores, sino también crear un precedente para fortalecer la cultura del cumplimiento tributario.
Carolina Saravia adelantó que, a partir del 1 de octubre, se reforzará la fiscalización para quienes deseen contratar servicios con el Estado, operar con medios electrónicos y vender productos en plataformas digitales, exigiendo en estos casos la acreditación del inicio de actividades ante el organismo. Esto complementa las medidas de control y busca modernizar y transparentar las relaciones comerciales.
Los delitos detectados incrementaron el compromiso del SII en la lucha contra la evasión, fortaleciendo el marco legal y estableciendo mayores mecanismos de fiscalización y sanción para quienes incumplen con sus obligaciones fiscales. La institución reafirmó su compromiso con una gestión tributaria más justa y efectiva, en línea con los esfuerzos por reducir la brecha entre contribuyentes cumplidores y evasores.
