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Parlamentarios del Socialismo Democrático, uno tras otro, se distanciaron de las críticas realizadas por el Partido Comunista (PC) al operativo policial efectuado en el comedor comunitario de Villa Francia. El presidente del PC, Lautaro Carmona, demandó “transparencia absoluta” del Ministerio del Interior tras el incidente.
En entrevista con radio Universo, Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, destacó la autonomía del Ministerio Público, afirmando que “cuando se decretan diligencias, corresponde respetar la institucionalidad”. Añadió que cualquier abuso de fuerza en el operativo debería resolverse por otros medios, subrayando la necesidad de respeto por los procedimientos establecidos.
Jaime Quintana, líder del PPD, manifestó a través de su cuenta en X que “ni el PC ni ninguna colectividad es dueña de poblaciones y todo el territorio nacional está sujeto a las reglas del Estado de Derecho”. José Toro, secretario general del PPD, consideró “excesivas” las acusaciones de montaje por parte del PC, defendiendo la legalidad del procedimiento.
El diputado Raúl Soto (PPD) acusó al Partido Comunista de ser irresponsable al sugerir un montaje estatal, defendiendo la validez del operativo que descubrió un arsenal significativo. Soto relacionó el distanciamiento del PC con la salida del exasesor Juan Andrés Lagos, indicando una posible tensión con el Ejecutivo.
Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, afirmó que todos los esfuerzos para incautar armas ilegales deben ser respaldados, y adujo que las críticas deben ser específicas y constructivas. Sugirió que en el oficialismo existen dos corrientes, una izquierdista encabezada por el PC y otra socialdemócrata más cercana al Socialismo Democrático.
La diputada Maite Orsini (FA) alertó sobre el impacto del operativo en la confianza ciudadana, insistiendo en la necesidad de procedimientos policiales transparentes y proporcionales. Por su parte, Ana María Gazmuri cuestionó la legalidad de varias detenciones durante el operativo, reclamando mayor claridad y cuestionando el uso de métodos agresivos por la policía.
Gazmuri concluyó que el Gobierno debe aceptar y reflexionar sobre las críticas relacionadas con este tipo de operativos, especialmente cuando afectan espacios comunitarios y fechas conmemorativas, abogando por mayor prudencia y transparencia en las acciones oficiales.
