En el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026, la Contralora General, Dorothy Pérez, realizó una presentación ante la Segunda Subcomisión de Presupuestos del Congreso, donde advirtió sobre graves riesgos tecnológicos y la insuficiencia de recursos destinados a mantener y fortalecer las capacidades digitales de la institución. Pérez detalló que, a pesar de las solicitudes de aumento presupuestario, el Ministerio de Hacienda rechazó la petición de fondos adicionales, lo que podría comprometer la operatividad y la seguridad de las plataformas digitales de la Contraloría.
Durante su exposición, la autoridad enfatizó que la Contraloría solicitó inicialmente un incremento presupuestario del 8,5%, destinado a la incorporación de 72 profesionales para reforzar la revisión de procesos disciplinarios y a la adquisición de infraestructura tecnológica, incluyendo licencias y almacenamiento digital. Sin embargo, solo se autorizó un aumento del 1,5%, dejando un déficit importante. En concreto, Pérez subrayó que hacen falta 10 profesionales adicionales y una cifra de 1.200 millones de pesos para cubrir los costos de almacenamiento y la actualización de sistemas.
La Contralora explicó que estos recursos son críticos para mantener la operatividad, evitar fallos en las plataformas y cumplir con las obligaciones legales, especialmente ante el aumento en la cantidad y complejidad de sumarios y procesos de fiscalización. La falta de financiamiento adecuado podría provocar el colapso de los sistemas informáticos y, en consecuencia, afectar la eficiencia y transparencia del organismo.
Uno de los principales sistemas afectados es el SISREC, la plataforma de rendición electrónica de cuentas, cuya obsolescencia y estado crítico fueron alertados por Pérez. La autoridad detalló que, al inicio de su gestión, realizó una evaluación exhaustiva de todas las plataformas informáticas, constatando que muchas tenían una obsolescencia cercana al 50%, resultado de años sin recursos suficientes para mantenciones apropiadas. Este deterioro aumenta la vulnerabilidad frente a posibles fallas o ataques.
En cuanto a los desafíos normativos, Pérez mencionó que la legislación vigente ha exigido una mayor digitalización de procesos y una mayor cobertura en la rendición de cuentas, incluyendo a actores privados, lo que ha incrementado la carga de trabajo y la demanda de recursos tecnológicos. La velocidad con la que se deben implementar estos cambios no se ajusta al ritmo de financiamiento anual dispuesto por el presupuesto.
Respecto a las cifras, Pérez informó que el presupuesto total proyectado para 2026 asciende a 115 mil millones de pesos, lo que representa una modesta subida del 1,5% en comparación con 2025. De esa suma, solo 114 mil millones están destinados a la operación general y 1.421 millones a reforzar SISREC. Sin embargo, la autoridad insistió en que estos recursos no son suficientes, especialmente considerando que las necesidades para almacenamiento y actualización tecnológica son mayores y no están contempladas en el proyecto.
Por ello, Pérez hizo un llamado a la urgencia de aprobar los fondos adicionales de 1.200 millones, que serían utilizados exclusivamente para mejorar el almacenamiento digital, evitar el colapso de los sistemas y garantizar la continuidad del trabajo de la Contraloría, fundamental para la fiscalización y control del sector público. La falta de estos recursos podría traducirse en la caída de plataformas clave, pérdida de datos y mayores riesgos en la transparencia.
Finalmente, la Contralora puso a disposición de la Comisión toda la documentación y detalles de la solicitud presupuestaria, reiterando que la inversión en tecnología y recursos humanos es esencial para cumplir con los estándares de eficiencia, seguridad y transparencia que la institución requiere en un entorno cada vez más digital y demandante.
