Recientemente se anunció la suspensión temporal de una medida que generó gran polémica en el sistema judicial de Santiago y sus alrededores. La iniciativa, promovida por algunos jueces de garantía de Santiago y San Miguel, buscaba eliminar el bloque vespertino (PM) para audiencias de formalización en el Centro de Justicia de Santiago. Sin embargo, esta propuesta fue frenada a la espera de un diálogo que permita reconsiderar su implementación.
La propuesta original pretendía concentrar todas las audiencias en horario matutino, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la seguridad en la administración de justicia. No obstante, esta idea enfrentó posiciones encontradas entre actores clave del sistema penal. La razón principal de rechazo radicaba en el riesgo de congestión y posible colapso que implicaría limitar las audiencias solo al horario diurno. La congestión podría traducirse en retrasos en los procesos, mayores tiempos de espera para las personas detenidas y, en definitiva, una disminución en la eficacia del sistema judicial.
Desde la Asociación Nacional de Magistrados, su presidenta, la jueza Mariela Hernández, defendió la iniciativa argumentando que la medida buscaba garantizar condiciones más seguras y eficientes para los funcionarios y las personas involucradas en los procesos judiciales. Según Hernández, después de las seis de la tarde, el resguardo y la supervisión se complican, por lo que concentrar las audiencias en horario diurno favorecería la seguridad y la organización de los procedimientos.
Mientras tanto, el Gobierno, representado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su rechazo a la propuesta debido a sus potenciales efectos negativos. Gajardo mencionó que decisiones de esta índole deben tomarse en consenso con las diferentes instituciones del sistema judicial, como el Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y Gendarmería, para evitar desequilibrios operativos.
La eliminación del bloque vespertino podría haber ocasionado que las personas detenidas en la tarde tuvieran que esperar hasta el día siguiente para ser formalizadas, lo que en algunos casos podría acercarse al límite legal de 24 horas para la puesta a disposición judicial. Dicha situación generó preocupaciones, en especial del Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien alertó sobre la posibilidad de congestión en las comisarías y centros de detención, además de los problemas que podría acarrear para la ciudadanía en términos de acceso a la justicia rápida.
Tras la suspensión anunciada, las autoridades anunciaron que la medida será revisada en próximas reuniones de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal. Esta instancia reúne a todos los actores y busca coordinar las acciones y decisiones en torno al sistema penal, considerando las distintas voces y necesidades del proceso judicial.
Finalmente, el debate continúa abierto, y tanto las autoridades judiciales como los representantes del Ejecutivo enfatizan la importancia de dialogar y coordinar acciones para mejorar el sistema penal sin comprometer su funcionamiento ni la protección de los derechos de los involucrados. La suspensión temporal representa una oportunidad para que todos los actores puedan analizar en conjunto una solución que equilibre eficiencia, seguridad y respeto por el debido proceso.
