Héctor Sarmiento, representante de la empresa constructora Profecxa, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en la que revela presiones y posibles sobornos relacionadas con la construcción de una cancha de fútbol en la comuna de Coronel. La denuncia incluye evidencia concreta en forma de mensajes de WhatsApp y facturas, que apuntan al intento de cancelar o acelerar el proyecto mediante pagos ilícitos.
Según la acusación, funcionarios municipales habrían exigido una coima de 60 millones de pesos para continuar con los trabajos y facilitar los pagos pendientes. Estas amenazas fueron documentadas en conversaciones donde se utilizaban expresiones como ‘tendrán que ponerse con todo’ y ‘la gente sólo esperaba hasta hoy y si no, tirarán la cadena’, fragmentos que revelarían la presión ejercida sobre el empresario.
El denunciante aseguró que dichas amenazas estaban vinculadas a la negativa de entregar esta suma de dinero, que el Inspector Técnico de Obra (ITO) del proyecto, encargado de supervisar y fiscalizar, habría reclamado como soborno para permitir la continuidad de las obras y agilizar los pagos.
La evidencia presentada consiste en mensajes de WhatsApp y facturas que justifican dichas coimas, los cuales fueron incluidos en la denuncia formal ante la Contraloría. Además, se compartieron audios donde se pueden escuchar las conversaciones que respaldan la denuncia.
En declaraciones a la prensa, Sarmiento explicó que las advertencias estaban relacionadas con la negativa de pagar los 60 millones que requería el ITO para autorizar la continuación del proyecto ‘Cancha de Fútbol Nuevo Amanecer’. La denuncia también fue acompañada de capturas de mensajes que grafican las presiones ilegales.
Por otra parte, la Municipalidad de Coronel afirmó que tomó conocimiento de estos hechos en las últimas semanas, mediante información proporcionada en una sesión del Concejo Municipal por parte del concejal Selin Nur. La autoridad municipal sorprendió al señalar que, dado que la denuncia fue enviada con copia a la municipalidad, no entiende cómo no estaban al tanto de estas irregularidades.
El concejal sostuvo que resulta bastante sorprendente que el municipio no se hubiera enterado antes, ya que la denuncia y las evidencias estaban en manos del organismo de control y, por tanto, debería haber sido de conocimiento del municipio. Además, se informó que tanto la municipalidad como el concejal están solicitando una investigación al Ministerio Público para esclarecer estos hechos, y que la corporación edilicia ha abierto un sumario interno para determinar la veracidad de las acusaciones.
En respuesta a estos hechos, el gobernador regional Sergio Giacaman, cuya entidad financia parte del proyecto, expresó que desconocía la paralización de las obras y que siempre velan por el buen uso de los recursos públicos. La autoridad señaló que aunque la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional, la contratación y ejecución final corresponden al municipio, y que cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada.
Las denuncias ya están siendo objeto de atención por parte de las autoridades, y la investigación continúa en curso. La presencia de evidencias como mensajes y facturas constituyen un paso importante para esclarecer posibles actos de corrupción en la gestión de fondos y obras públicas en la región del Biobío.
