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El reciente correo enviado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a miles de empresas y emprendedores, en el que se les instruye modificar su domicilio tributario a una dirección física, ha provocado una avalancha de críticas. Según el SII, la actividad económica registrada por estas empresas no sería compatible con una oficina virtual.
En el mensaje, el ente fiscalizador advierte que “de acuerdo a la(s) actividad(es) económica(s) que usted registra, su domicilio no cumple con los requisitos necesarios o no es compatible; su desarrollo requiere un lugar físico”. Por ende, las empresas deben actualizar su domicilio o agregar una sucursal física.
Esa comunicación ha generado alarma en el sector empresarial, especialmente entre las pymes, que califican la medida como “inaceptable”. Consideran que impide a pequeñas empresas utilizar oficinas virtuales, provocando “un daño inmediato y enorme”. Los gremios han elevado su voz de protesta y contactado al ministro de Hacienda y al titular de Economía para que se revoque la instrucción.
Expertos en la materia también han expresado su descontento a través de redes sociales como LinkedIn. Roger Matthei, socio de Matthei Abogados, criticó la medida señalando que “esto es precisamente lo que debe evitarse para mantener una relación positiva con el contribuyente”. Otros, como Felipe Bustos Pérez de Celer Consultores, han sido más vehementes, advirtiendo que “esta medida va a ‘reventar’ los negocios con oficinas virtuales de emprendedores que no pueden costear una oficina física”.
La medida también plantea interrogantes sobre su impacto en la formalización de empresas. Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, considera que “es una actitud poco criteriosa de parte del SII”. Álvaro Moraga, abogado de Moraga y Cía, sugiere la creación de una mesa de trabajo con representantes del mundo emprendedor para equilibrar las necesidades de fiscalización del SII con las realidades de las pymes.
En un contexto económico donde muchas empresas han adoptado modalidades de trabajo remoto, Andrés Martínez, de KPMG Chile, señala que exigir una dirección física a todas las empresas es un enfoque desfasado que no considera la evolución tecnológica y las distintas realidades empresariales, concluyendo que la decisión podría ser contraproducente para las pymes que sostienen la economía nacional.