Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusan a Rodrigo Duterte, exmandatario de Filipinas, de haber cometido crímenes contra la humanidad durante su mandato, en relación con las muertes de al menos 76 personas, en una investigación que se dio a conocer oficialmente en una hoja de cargos de 15 páginas la noche del lunes. Desde marzo, Duterte ha estado en prisión en La Haya, donde se encuentra la CPI, tras ser detenido por la policía filipina en cumplimiento de una orden de arresto de la corte.
Los documentos judiciales aseguran que Duterte es responsable de “dar instrucciones y autorizar actos violentos, incluyendo asesinatos”, en el contexto de la guerra contra las drogas que se llevó la vida de miles de sospechosos de criminalidad y narcotraficantes en Filipinas, lo que ha provocado condenas internacionales. La hija del expresidente, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, ha estado involucrada en la organización de su defensa.
La CPI, que investiga y procesa a individuos acusados de graves crímenes internacionales como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, es la única corte internacional permanente con jurisdicción para juzgar a personas por tales delitos, independientemente de las Naciones Unidas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha criticado duramente al tribunal internacional desde que retomó el poder en enero, imponiendo sanciones a su fiscal jefe, Karim Khan, a sus dos viceministros y a seis jueces, además de ampliar las restricciones a tres organizaciones de derechos humanos que aportaron evidencia de crímenes de guerra israelíes en Gaza.
Los abogados de Duterte han solicitado la absolución de su cliente, alegando que la corte ya no tiene jurisdicción sobre Filipinas, dado que el país abandonó en marzo de 2019 el Estatuto de Roma, base jurídica del tribunal. También argumentan que las autoridades filipinas han violado el debido proceso al arrestar al exmandatario sin una solicitud formal de extradición por parte de la CPI.
El tribunal internacional insiste en que el arresto de Duterte fue coordinado por la misma corte y que mantiene la jurisdicción para procesarlo por delitos ocurridos antes de que Filipinas se retirara. La próxima comparecencia del expresidente en la corte fue aplazada para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar estos cargos, aunque Duterte asistió a su primera audiencia por videoconferencia.
Las acusaciones se centran en tres períodos específicos durante la campaña de Duterte para erradicar las drogas, incluyendo los asesinatos de 19 personas en Davao entre 2013 y 2016; la ejecución de 14 “objetivos de alto valor” en 2016 y 2017; y el asesinato o intento de asesinato de 43 criminales de menor rango en el área metropolitana de Manila entre 2016 y 2018. Los fiscales aseguran que Duterte pagaba a los sicarios entre 875 y 17,000 dólares por matar a “objetivos de alto valor”.
Duterte ha sido encarcelado en La Haya desde marzo, acusado de instruir y autorizar actos violentos que resultaron en la muerte de miles de sospechosos relacionados con las drogas en Filipinas, en un contexto que ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos, líderes mundiales y agencias de la ONU. Los documentos officiarles también exponen que Duterte, en su mandato, utilizó a la fuerza militar y policial para implementar esa brutal política, la cual ha sido ampliamente condenada internacionalmente.
Su abogado, Nicholas Kaufman, de nacionalidad británico-israelí, ha argumentado que su cliente no está en condiciones de comparecer en juicio debido a un deterioro cognitivo grave, producto de múltiples discapacidades en diversos ámbitos, y ha solicitado que el caso sea desestimado. Por su parte, la hija de Duterte, Sara Duterte, que ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta, ha estado participando en la organización de su defensa.
La CPI, por su parte, mantiene que Duterte fue detenido en coordinación con la corte y que tiene competencia para juzgarlo por delitos cometidos antes de que Filipinas abandonara el tratado. La corte también afirma que las acciones de arresto fueron realizadas en cumplimiento de la orden de la CPI, y que mantiene la jurisdicción para procesarlo, basándose en que los crímenes ocurrieron en su mandato y en su territorio.
El caso ha generado un amplio debate internacional sobre la justicia, la responsabilidad de los líderes y el alcance de la justicia global frente a las políticas de estado que violan derechos humanos. La comunidad internacional sigue de cerca cómo evoluciona el proceso, en medio de las tensiones diplomáticas y las acusaciones cruzadas en torno a la competencia del tribunal. La situación de Duterte simboliza los profundos desafíos que enfrentan los mecanismos internacionales en la persecución de crímenes graves cometidos en contextos de guerra y represión.
