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En diciembre, Valentina Insulza, propietaria de la Librería Tripantu, hizo pública una problemática que pocas veces se discute abiertamente: las librerías de barrio y las independientes están desapareciendo. En una carta al diario El Mercurio, Insulza señala que factores como los altos costos de arriendo, el IVA elevado, la competencia desleal de plataformas en línea y los libros pirata están poniendo en peligro la viabilidad de estas librerías. También propone que el gobierno impulse una ley de precio único para beneficiar al sector.

Al día siguiente, Iván Guerrero se unió a la petición de Insulza, urgió la intervención estatal y de otros actores, como las editoriales, para abordar las múltiples amenazas que enfrenta el sector. Por su parte, el Colectivo de Editoras de Literatura Infantil Juvenil (CLIC) ha expresado preocupación por el estancamiento en las ventas de libros, afectando a todo el ecosistema. Destacan además, que los fondos estatales destinados a la compra de libros han disminuido desde 2020.

En respuesta, Pablo Dittborn, exdirector general de Penguin Random House, cuestionó el grado real de independencia de estas editoriales que dependen en gran medida de fondos públicos, sugiriendo que las editoriales independientes revelen sus datos de ventas. Sin embargo, Tamara Reyes de Editoriales de Chile refutó la idea al señalar que la independencia radica en la autogestión y la creación de catálogos propios, enfatizando la necesidad de transparencia en los criterios de adquisición de libros por parte del Estado.