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En un breve descanso de sus vacaciones, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, ha defendido las modificaciones propuestas por el Ejecutivo que intentan limitar el derecho al voto de los extranjeros en Chile que no se han nacionalizado. Desde 1980, la Constitución de Chile permite que los migrantes voten en las elecciones nacionales, siempre que hayan vivido en el país por al menos cinco años, sean mayores de edad y no hayan sido condenados por delitos graves. Según Elizalde, estas excepciones de la ley chilena necesitan ser revisadas.

El ministro explicó que las nuevas indicaciones proponen que los extranjeros residan de manera definitiva, no posean antecedentes penales —acreditados mediante un documento oficial de su país de origen— y solo puedan participar en elecciones locales. “No se debería permitir que una persona con antecedentes penales y que esté de manera temporal en Chile influya en el futuro del país”, afirmó Elizalde.

El respaldo hacia las indicaciones también viene de las bancadas parlamentarias que apoyan al gobierno. Se anunció una reforma electoral a finales de enero que se revisará en marzo dentro de la comisión de Gobierno del Senado. Según el diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, pocos países otorgan a los extranjeros el derecho de votar en elecciones nacionales, asegurando que “Chile es una excepción que debe enmendarse”.

Por otro lado, la oposición ha mostrado resistencia a las medidas al considerar que el gobierno está motivado por cálculos políticos, temiendo que los nuevos migrantes sean más afines a la derecha del espectro político. Además, algunos parlamentarios opositores sugieren que los extranjeros legales, con años de residencia definitiva y sin antecedentes penales, deberían poder votar. Con la propuesta aún en debate en el Senado, se anticipa un examen exhaustivo de sus términos y las posibles implicaciones legales y sociales.