Un grupo de diputados del Partido Por la Democracia (PPD) junto a colegas independientes han decidido presentar una petición ante la Contraloría General de la República para investigar la legalidad de una asociación recientemente anunciada entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Este acuerdo permite la explotación conjunta de litio en el Salar de Atacama, y será realizado bajo la infraestructura existente de Soquimich.
Según el plan divulgado, la operación se dividirá en dos periodos. De 2025 a 2030, SQM gestionará la explotación manteniendo intactas las operaciones bajo el actual contrato de arriendo vigente hasta 2030. Posteriormente, de 2031 a 2060, Codelco tomará la administración liderando la etapa. El Estado, a través de Corfo, recibirá el 85% de los márgenes operacionales producidos por la nueva explotación, además de las utilidades de su participación accionaria en la empresa.
La disputa fue encendida por comentarios de varios diputados. Cristián Tapia, de la comisión de Minería de la Cámara, criticó duramente el trato, argumentando que representa un fallo moral del acuerdo y puso en duda la legalidad del mismo. Además, expresó preocupación por la relación de los beneficios exclusivos para SQM y la posible participación futura de familiares de Ponce Lerou en el proyecto. Otros legisladores como Raúl Soto y Camila Musante también expresaron severas críticas al acuerdo, prometiendo llevar el caso ante todas las instancias de revisión pertinentes para asegurar transparencia y equidad en la ejecución del convenio.
