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El gobierno conoce sus nombres. Sus huellas dactilares han sido escaneadas en las computadoras del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional sabe dónde vive la mayoría de ellos, porque los inmigrantes en cuestión, más de 500,000 en total, residen en Estados Unidos de manera legal.
Sin embargo, dos nuevas decisiones de la Corte Suprema los han dejado vulnerables a la deportación, un giro abrupto para una población que ha podido permanecer en el país utilizando vías legales para personas que enfrentan guerra y problemas políticos en sus países de origen.
“Miles de personas, especialmente haitianos, cubanos y venezolanos, pasan instantáneamente de ‘presentes legalmente’ a ‘deportables'”, dijo Jason Houser, exfuncionario de Inmigración y Control de Aduanas durante la administración de Biden.
