En un avance significativo en la legislación electoral de Chile, la Cámara de Diputados ha ratificado una reforma que establece sanciones económicas para quienes no ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. La iniciativa, que fue aprobada con una amplia mayoría, contempla multas que oscilan entre 34.000 y 103.000 pesos chilenos, basadas en la Unidad Tributaria Mensual (UTM) vigente en septiembre del año en curso.
La votación terminó con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, permitiendo que el proyecto sea enviado para su promulgación formal por parte de las autoridades correspondientes. La polémica en torno a la medida no estuvo exenta de disensos, ya que algunos legisladores de distintos bloques expresaron su rechazo, argumentando que la imposición de multas podría coartar la libertad de participación ciudadana. Sin embargo, los partidarios sostienen que la obligatoriedad del voto fortalece la legitimidad de los procesos electorales y fomenta una mayor participación.
La sanción económica será aplicada a quienes incumplan con su deber electoral, salvo en casos justificados. La norma contempla excepciones en situaciones como estado de salud, ausencias del país, o si la persona se encuentra en una localidad a más de 200 kilómetros del centro de votación en el día de la elección. También se exime a quienes desempeñen funciones públicas en ese día, además de aquellos que tengan discapacidad certificada por la ley 20.422 o presenten otro impedimento grave acreditado ante un juez de policía local.
Por otra parte, la misma Cámara confirmó una reforma constitucional que modifica los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer su derecho al voto en Chile. La nueva normativa, aprobada con 142 votos a favor y 4 abstenciones, establece que los extranjeros residentes en el país podrán votar si han vivido en Chile ininterrumpidamente por más de diez años y no han salido del país por más de 90 días en el último año electoral.
Este cambio, que aumenta la duración de residencia requerida de cinco a diez años, comenzará a aplicarse desde 2026. Hasta entonces, los inmigrantes que cumplen con los requisitos actuales, que exigen cinco años de residencia continua, podrán ejercer el sufragio en las próximas elecciones.
Estas modificaciones reflejan una tendencia en Chile hacia la consolidación del sistema democrático, buscando ampliar la participación de diferentes sectores y fortalecer la legitimidad de las instituciones. La obligatoriedad del voto, junto con la inclusión de los extranjeros en el proceso democrático, busca promover una mayor representatividad y responsabilidad cívica en el país.
En resumen, Chile hace un paso importante en su proceso de fortalecimiento democrático, implementando multas por no votar y ampliando derechos electorales a extranjeros residentes, con miras a un sistema más inclusivo y representativo en los próximos años.
