El proceso de discusión y análisis del Presupuesto Nacional para el año 2026 ha comenzado oficialmente en Chile, marcando un punto de partida crucial en la planificación financiera del país para los próximos años. La jornada inaugural estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quienes presentaron sus exposiciones ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos del Congreso Nacional. Este escenario refleja la importancia y la tensión inherentes a las decisiones que definirán el rumbo económico, fiscal y social del país en un contexto de desafíos internos y externos.
El debate inicial giró en torno a la situación de las finanzas públicas, poniendo en evidencia la necesidad de mantener un control riguroso sobre las asignaciones y reasignaciones de recursos. Desde los primeros minutos, se destacó la limitación que tendrá el nuevo gobierno para gestionar fondos: la capacidad de reasignar recursos será restringida a apenas un 1% del total del presupuesto fiscal, lo que equivale a aproximadamente 900 millones de dólares, considerando un monto total de 90 mil millones de dólares del erario fiscal. Esta medida representa una restricción significativa respecto a administraciones anteriores, enmarcada en una estrategia de mayor disciplina fiscal y transparencia.
Uno de los aspectos más polémicos en esta discusión es la eliminación de la llamada ‘glosa republicana’, un mecanismo de asignación de recursos que previamente facilitaba cierta flexibilidad en la gestión gubernamental durante las transiciones de mando. La propuesta actual, respaldada por una recomendación de la Comisión Revisora del Gasto Público, sugiere sustituir esa flexibilidad por una facultad explícita del Presidente para realizar reasignaciones entre partidas durante el primer semestre, siempre sin incrementar el gasto total. Estas reasignaciones requerirían una comunicación trimestral a Congreso, promoviendo la transparencia y el control.
A pesar de que la Comisión propuso un límite de hasta el 10% del presupuesto para dichas reprogramaciones, el ministro Grau aclaró en entrevista radial que el porcentaje que consideran en el proyecto de ley para el próximo ejercicio fiscal es solo del 1%. Esta decisión busca limitar aún más las modificaciones en el uso de los recursos públicos en un período tan crucial.
Por otro lado, otra medida relevante que contempla el presupuesto es la regulación del uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). La propuesta legislativa establece que, si el monto acumulado en el año supera el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), su utilización requerirá autorización legal previa. Esta restricción busca evitar un uso desmedido de estos fondos, reservándolos para contextos de mayor urgencia económica y social.
Asimismo, el proyecto introduce cambios en la dotación del personal público. Se establecen límites y restricciones en la contratación de nuevos funcionarios, permitiendo aumentos solo con disminución en otros niveles de personal o con la reconversión de cargos, sin exceder la dotación máxima predefinida. Además, se implementa un mecanismo de control para evitar incrementos no presupuestados en la dotación, suspende la compatibilidad de cargos y restringe la reposición de vacantes, en línea con una política de austeridad y eficiencia estatal.
En materia de ingresos, el escenario fiscal presenta considerables desafíos. Los datos muestran que las proyecciones de ingresos para el año han sido sistemáticamente sobreestimadas en años anteriores, resultando en déficits fiscales mayores a los previstos, como sucedió en 2024. Actualmente, las cifras de recaudación en los primeros meses del año indican un crecimiento del 6,3% en la recaudación efectiva, frente a una proyección inicial del 8.4%, lo que genera dudas sobre alcanzar las metas establecidas para fin de año.
En relación con la deuda pública, el ministro destacó una política de estabilización que mantiene la deuda por debajo del límite prudencial del 45% del PIB. Se estima que la deuda aumentará en tan solo 0,7 puntos porcentuales, ubicándose en torno al 43%, una señal de responsabilidad fiscal y control de la deuda.
En síntesis, el Presupuesto 2026 presenta un escenario de restricciones cada vez mayores para la gestión de recursos públicos, marcado por límites en las reasignaciones, un control estricto sobre el uso de fondos y una política fiscal que busca mantener la estabilidad y reducir riesgos ante las incertidumbres internacionales y nacionales. La discusión continúa en el Congreso, donde se definirán los detalles de estas medidas, cuyo impacto será determinante en la calidad del gasto y en la sostenibilidad fiscal del país durante los años venideros.
