La normativa que busca regular el sector del transporte mediante la Ley Uber en Chile ha experimentado una serie de obstáculos y retrasos que generan preocupación en el sector y entre los usuarios. El gremio que agrupa a las principales aplicaciones de transporte, denominado Alianza In, ha manifestado públicamente su inquietud acerca de las complicaciones que enfrenta la legislación, especialmente tras la reciente noticia del cierre del contrato con la empresa encargada de desarrollar la plataforma de registro de empresas de transporte.
Este proceso es fundamental para la implementación efectiva de la normativa, ya que en ella se gestionarán datos sensibles como información de conductores, pasajeros y viajes realizados a través de las distintas aplicaciones habilitadas en el país. Sin embargo, la Subsecretaría de Transportes (Subtrans) anunció el cierre del acuerdo con la firma contratada inicialmente, lo que ha puesto en duda el avance en la creación de dicha plataforma.
Según informes especializados, la intención sería seleccionar una nueva empresa encargada del desarrollo, pero esto implicaría comenzar desde cero, lo que retrasará aún más la puesta en marcha de la ley. La fecha prevista para que la normativa entrara en funcionamiento antes del cambio de gobierno parece cada vez más lejana, generando preocupación en el sector.
En una declaración otorgada a BioBioChile, Alianza In recordó que anteriormente advirtieron que la ejecución del proceso era extremadamente compleja y que la gestión de datos sensibles requiere de especial cuidado y precisión. La pérdida del contrato actual, además de retrasar la legalización del transporte, genera incertidumbre tanto en los conductores como en los millones de usuarios que dependen de estas plataformas para movilizarse diariamente.
El gremio, que tiene entre sus asociados a Uber, Indriver, DiDi y Cabify, señala que la falta de un registro operativo expone a miles de conductores a riesgos de fiscalizaciones y multas, pese a no contar con una normativa clara. La situación afecta directamente a los trabajadores y sus familias, haciendo que la regularización de la actividad sea una prioridad para el próximo gobierno, que deberá asumir con seriedad y con la solvencia técnica necesaria para resolver estos obstáculos.
En paralelo, la historia de la implementación de la plataforma ha resultado en una inversión excesiva, superando los 513 millones de pesos, producto de un contrato directo con Concordia Ediciones SpA, firmado en agosto de 2024. El acuerdo contemplaba un pago de casi 10.000 UF y otros 3.000 UF adicionales, en un intento por avanzar en el proceso. Sin embargo, la firma presentó deficiencias, y tras un período de evaluación, se decidió rescindir el contrato, ya que el trabajo aún no estaba listo.
La expectativa era que la plataforma de registro estuviera operativa en la primera mitad de 2025, pero los múltiples retrasos en la aprobación del reglamento y las revisiones por parte de la Contraloría han complicado aún más la situación. Actualmente, se ha informado que una nueva empresa inició sus trabajos el 1 de octubre, en un proceso también por trato directo, y con una inversión estimada en 800 millones de pesos bajo supervisión del Ministerio de Transportes.
Este escenario continúa generando incertidumbre en el sector del transporte y en los usuarios, quienes esperan una regulación clara y funcional que garantice la legalidad y la seguridad en el servicio. La experiencia hasta ahora refleja la necesidad de gestionar con mayor cuidado los procesos tecnológicos y normativos que acompañan la normativa, para evitar futuras complicaciones y asegurar que la ley pueda cumplir sus objetivos en el plazo establecido.
