Un juez de inmigración en Estados Unidos rechazó una petición de asilo presentada por Kilmar Abrego García, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la lucha partidista por la política migratoria. La decisión tomada en Baltimore el miércoles fue denegar la reapertura del caso de asilo de Abrego García de 2019, aunque aún tiene 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Abrego García, un salvadoreño que tiene esposa e hijos estadounidenses y ha residido en Maryland durante años, immigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no fue elegible porque ya llevaba más de un año en el país, requisito que generalmente debe cumplirse para presentar tal solicitud. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde enfrentaba peligros por parte de una pandilla que amenazaba a su familia.
El caso de Abrego García atrajo atención mediática y se convirtió en un punto clave de movilización para quienes se oponen a las políticas estrictas de inmigración del gobierno republicano. En marzo, fue deportado por error a El Salvador por la administración del expresidente Donald Trump y estuvo confinado en una prisión conocida por su notoriedad. Posteriormente, su caso se convirtió en un símbolo de resistencia y reclamó la atención de legisladores y activistas.
En junio, ante una decisión de la Suprema Corte, la administración de Trump lo retornó a EE.UU., solo para acusarlo inmediatamente de tráfico de personas. Actualmente, enfrenta cargos penales en Tennessee derivados de una detención en 2022. Además, las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas están intentando deportarlo a un tercer país, inicialmente a Uganda y luego a Eswatini, un pequeño país en el sur de África donde el rey mantiene el poder absoluto.
Los abogados de Abrego García han presentado una moción para reabrir su caso de asilo, un paso que podría concederle una tarjeta verde y la nacionalidad en caso de ser aprobado. Pero si pierden, podrían revocar su protección y devolverlo a El Salvador, donde afirma haber sido sometido a brutales abusos, privación de sueño y torturas psicológicas, acusaciones que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha negado.
Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han realizado una campaña de relaciones públicas en su contra, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, pese a que no ha sido condenado por ningún delito. Sus abogados han solicitado una orden de silencio y argumentan que ello afectará el juicio justo, considerando los comentarios prejuiciosos y falsos difundidos sobre su expediente.
Aunque un juez federal en Tennessee puede ordenar a los fiscales que no hagan declaraciones prejuiciosas, no está claro si esa autoridad se extiende a la Department of Homeland Security, que también publicó información sobre la fallo del tribunal de inmigración en plataformas como X (antes Twitter). La publicación oficial afirmó que, a pesar de los intentos legales, “este salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”, una declaración que ha generado controversia y que refuerza la polarización en torno a su caso.
Este proceso judicial y sus implicaciones políticas reflejan la creciente tensión en la política migratoria de EE.UU., donde los casos individuales adquieren un peso simbólico y político, polarizando aún más las posturas sobre la inmigración y la justicia.
