Se espera que la Ley de Presupuestos para el año 2026 genere un incremento significativo en el financiamiento público destinado a los partidos políticos en Chile, motivado por la implementación de la obligatoriedad del voto en las próximas elecciones. Este cambio legislativo prevé que los recursos que recibe cada colectividad se dupliquen, pasando de aproximadamente 9 mil millones de pesos en 2025 a cerca de 15 mil millones en 2026.
Según informes del periódico El Mercurio, el monto destinado al financiamiento de los partidos se calculará en función de los votos emitidos en elecciones anteriores, siguiendo la fórmula establecida en la Ley 20.900, que asigna 0,04 UF (Unidad de Fomento) por voto emitido en las últimas elecciones de diputados. Con base en esta normativa, y considerando una participación electoral estimada en 9 millones de votantes —resultado de la obligatoriedad del voto—, se proyecta que los recursos totales para repartir entre las colectividades aumentarán notablemente.
Para ilustrar esta proyección, si se revisa la última elección de diputados celebrada en 2021, en la cual participaron poco más de 7 millones de personas, el cálculo actual sugiere un fondo de aproximadamente 9 mil millones de pesos anuales para distribuir. Sin embargo, con la participación prevista en 2026, la cifra se elevaría hasta cerca de 15 mil millones, evidenciando un incremento sustancial en el aporte fiscal a los partidos.
La distribución de estos fondos se realiza en dos partes: un 20% del total se distribuye entre todos los partidos que cumplen con los requisitos legales, de manera proporcional a en cuántas regiones tienen presencia política, contabilizando incluso una región adicional en caso de que estén en todo el país. El 80% restante se reparte únicamente entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso, en proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones respectivas.
Este aumento en el aporte fiscal se justifica en el marco de la nueva ley que, además, busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, alineándose con cambios en el sistema electoral y en las reglas de financiamiento político en Chile. La ley también contempla un límite máximo del 60% de participación en las elecciones, por lo que se estima que el número de votantes efectivos será de hasta 9 millones, en línea con las proyecciones oficiales.
En resumen, la Ley de Presupuestos 2026 potenciará considerablemente los recursos públicos que reciben los partidos políticos, promoviendo un financiamiento más robusto y equitativo, y reflejando la obligatoriedad del voto y el compromiso del Estado con el fortalecimiento del sistema democrático.
