La situación política en Chile ha generado un amplio debate tras las recientes declaraciones y decisiones de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien reafirmó su apoyo a Aldo Duque, un abogado cuestionado por su historial de defensas en casos vinculados al narcotráfico.
Duque es un profesional que, según registros de la Contraloría, ha ejercido la defensa de imputados por delitos relacionados con narcotráfico en distintas zonas de Santiago, y ha representado a personas procesadas por tráfico y elaboración de drogas. A pesar de estas problematicidades, Matthei insistió en respaldar su candidatura, argumentando que la ley actual permite que personas con este perfil puedan postular a cargos públicos.
El respaldo de Matthei ha abierto una discusión sobre los criterios éticos que deben guiar la selección de candidatos en los procesos democráticos. La candidata señaló que si bien le gustaría que Duque hubiera defendido a víctimas, su rol como abogado no es impedimento legal para su postulación, remarcando que la Ley y la Constitución especifican los requisitos formales para ser candidato, y en ellos no está incluido el no haber defendido a narcotraficantes.
Además, afirmó que si se comenzaran a establecer requisitos ético-morales adicionales para la postulación, habría una enorme dificultad para definir quiénes califican y quiénes no, ya que no existen reglas para calificar estos aspectos de manera objetiva. La discusión, sostienen expertos en transparencia y probidad, revela una necesidad urgente de mecanismos institucionales que regulen las incompatibilidades y las inhabilidades para los cargos de representación, promoviendo así la integridad y la confianza pública en las instituciones políticas.
En este contexto, figuras reconocidas en el ámbito de la transparencia, como Alberto Pretch y Francisco Leturia, subrayan que los partidos políticos deberían revisar no solo los requisitos legales sino también aplicar criterios éticos más estrictos al momento de seleccionar a sus candidatos. La recomendación de estos expertos es que nadie con antecedentes en defensa activa de narcotraficantes debería integrar listas parlamentarias, dado que ello compromete la credibilidad de la representación y el combate a la delincuencia.
El caso de Duque también alimenta un debate más amplio sobre los límites del ejercicio profesional y el impacto moral y ético en la política. La polémica surge en momentos en que Chile enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones, y el fortalecimiento de los valores democráticos y la transparencia son considerados esenciales para el proceso de recuperación social.
En síntesis, la postura de Matthei y la situación de Aldo Duque ilustran la tensión existente entre la legalidad vigente y las consideraciones ético-morales que la ciudadanía y los expertos consideran fundamentales para garantizar una política más ética y transparente. La consulta a la opinión pública y las recomendaciones expertas apuntan a la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de selección de candidaturas, poniendo énfasis en la ética y la probidad como pilares de la democracia moderna.
