En Chile, una medida reciente generó un intenso debate en el ámbito político y social. La Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda, propuso convertir en una ley permanente las asignaciones, gastos y personal que reciben los expresidentes de la República, una decisión que ha sido calificada por la oposición como un posible mecanismo de blindaje para beneficiar al actual mandatario, Gabriel Boric, y a futuros exmandatarios.
Esta iniciativa implica que los fondos destinados a los exjefes de Estado, actualmente considerados como recursos de continuidad, no estarían sujetos a los presupuestos anuales del Estado, prolongando su vigencia de manera indefinida. La cifra asignada para estos beneficios en el proyecto de la Ley de Presupuesto 2026 asciende a aproximadamente 830 millones de pesos, lo que representa un aumento de 151 millones en comparación con lo destinado en 2025. Además, el fondo incluiría recursos para el pago de tres expresidentes en la actualidad, así como recursos adicionales para cubrir los gastos de sus oficinas, dietas y traslados.
El aumento presupuestario también contempla una transferencia destinada a financiar durante al menos nueve meses al presidente Gabriel Boric, una vez finalizado su mandato, incrementando las críticas en su contra por considerarlo un privilegio excesivo. La oposición ha reaccionado con firmeza, acusando que esta medida atenta contra la equidad y los principios democráticos, además de considerarla una forma de blindar a los exmandatarios y evitar debates transparentes.
Desde las bancadas opositoras, líderes como Andrés Longton de Renovación Nacional advirtieron que si el Gobierno mantiene la glosa que otorga esos recursos adicionales, la coalición Chile Vamos estaría dispuesta a rechazar de manera conjunta el Presupuesto 2026. Longton criticó duramente que un expresidente de 40 años, en condiciones de trabajar, reciba una cantidad tan elevada financiada por todos los chilenos, calificando la medida como una “bofetada” a los pensionados y a las familias que luchan para llegar a fin de mes.
Por su parte, diputadas como Sofía Cid (Republicanos) también criticaron la decisión, señalando que asignar 151 millones de pesos para asegurar los beneficios del actual presidente en calidad de exmandatario configura un gasto permanente que limita el espacio para otros programas sociales y económicos esenciales. Cid afirmó que esta decisión refleja una gestión económica poco responsable y una desconexión con las prioridades del país.
La controversia ha provocado que diversos actores políticos y sociales consideren esta medida como una falta de ética y transparencia. La oposición ha dejado claro que, mientras esta glosa permanezca, no aprobarán ni una sola transferencia adicional en el presupuesto, exigiendo que se modifique o elimine para priorizar el gasto destinado a salud, seguridad y pensiones. La diputada Sofía Cid y otros miembros de sectores como Evópoli y la UDI han coincidido en que estos privilegios representan una percepción de injusticia, especialmente en un contexto donde millones de chilenos enfrentan dificultades económicas.
En este escenario, las críticas se dirigen a la percepción de que la gestión de recursos públicos favorece a una élite política y exmandatarios jóvenes y privilegiados, en perjuicio de la población vulnerable. La oposición ha advertido que proceder con estas asignaciones sin modificaciones es una decisión política que puede afectar la legitimidad del proceso presupuestario y la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, los sectores que representan a la coalición oficialista han defendido la necesidad de cumplir con los compromisos de apoyo a los exmandatarios que han servido para contribuir al funcionamiento y la dignidad de quienes han liderado el país. Sin embargo, en medio de las tensiones, se mantiene la discusión sobre los límites del gasto público y la transparencia en la toma de decisiones sobres los recursos asociados a la gestión presidencial en Chile.
La expectativa del mundo político apunta a un debate intenso en las próximas semanas, donde se buscará llegar a un acuerdo que equilibre los derechos de los exmandatarios con la necesidad de mantener un presupuesto justo y orientado a las prioridades sociales. La polémica evidencia, una vez más, las tensiones existentes entre las obligaciones económicas del Estado y los beneficios asignados a quienes han dirigido el país en el pasado, en un contexto donde la transparencia y la ética pública son más relevantes que nunca para la ciudadanía.
