El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, salió este sábado en apoyo de su colega del Ministerio del Interior, Luis Cordero, en medio de una controversia que ha generado fuertes acusaciones y acciones judiciales en su contra relacionadas con el caso de Bernarda Vera. La polémica se desencadenó tras revelarse que Vera, considerada una persona desaparecida durante la dictadura militar, estaría viviendo actualmente en Argentina, lo que motivó diversas reacciones desde sectores políticos y legales.
La oposición y algunos abogados interpusieron una serie de acciones legales, acusando presuntos delitos relacionados con la protección y gestión de información sobre Vera. Entre estas, destaca una querella presentada por el Partido Nacional Libertario, junto al abogado Maximiliano Murath, contra Cordero, quien fue ministro de Justicia en el pasado, además de la jefe del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y otros responsables. La acusación central es la de “presunto fraude” en la forma en que se manejó la información sobre Vera.
En respuesta a estas acusaciones, el ministro Gajardo las calificó como “irresponsables” e “impresentables”. En una entrevista con el canal CHV Noticias, enfatizó que estas denuncias carecen de sustento jurídico y que, por el contrario, generan un daño grave a las instituciones y a las personas involucradas. “Son denuncias que no tienen argumentos sólidos, son totalmente infundadas y, además, implican riesgos legales por las penas establecidas en el artículo 211 del Código Penal, que regula las denuncias calumniosas”, afirmó.
Durante la entrevista, Gajardo fue particularmente contundente respecto a la querella presentada por el PNL, señalando: “¿Quién la está impulsando? Es el abogado de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, quienes presentan esta denuncia sin fundamentos reales. Ellos conocen la ubicación de los detenidos desaparecidos, pero no entregan la información. La ciudadanía y las instituciones necesitan respuestas y justicia, no acusaciones infundadas que solo buscan dañar.”
La controversia también incluye una denuncia formal presentada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, junto al abogado Pablo Toloza. La acusación se centra en la posible comisión de delitos por no haber informado oficialmente la desaparición y ubicación de Vera, delitos que, según algunos, habrían permitido que su familia siguiera recibiendo beneficios del Estado, en un contexto de supuesta ocultación.
Gajardo, frente a esta serie de acusaciones, reiteró su respaldo a Cordero y al trabajo del Ministerio de Justicia. Expresó que las acciones judiciales y las declaraciones de los opositores son “poco serias” y “carecen de argumentos jurídicos sólidos”. Además, alertó sobre las consecuencias legales para quienes presenten denuncias sin fundamento, recordando que la ley contempla penas para quienes acusan falsamente a otros.
Por otro lado, Gajardo hizo una crítica directa a quienes están promoviendo estas acusaciones, señalando: “Quienes presentan estas denuncias son el abogado de quienes están condenados por delitos gravísimos. Ellos conocen la ubicación de los detenidos desaparecidos y deberían aportar esa información en lugar de difamar y generar más confusión”.
El tema sigue siendo motivo de debate en la opinión pública y en los diferentes actores políticos, quienes coinciden en que es fundamental priorizar la veracidad, la justicia y el respeto por los derechos humanos en estos casos delicados y que remueven heridas abiertas en la historia del país.
