En un giro impactante en el mundo de los seguros y los negocios, la firma de seguros Save Seguros de Vida, controlada por los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Diez, ha presentado una denuncia formal ante las autoridades judiciales acusando a Seguros Falabella y a cuatro de sus principales ejecutivos de haber llevado a cabo una presunta estafa de gran magnitud. La querella, presentada en el 7° Juzgado de Garantía, revela que desde 2014 se habrían generado pólizas masivas con irregularidades, causando pérdidas que superan los 20 mil millones de pesos chilenos.
Según los detalles de la denuncia, Save Seguros sostiene que Falabella habría manipulado información y ejecutado un esquema de engaños en la gestión de pólizas de seguros masivos, incluyendo pólizas de vida, salud y accidentes. La firma asegura que las malas prácticas de Falabella habrían permitido la continuidad y el cobro de primas y comisiones de manera indebida, manteniendo pólizas en estado de morosidad y pagando siniestros por pólizas que debieron ser canceladas, generando así un daño económico sustancial.
Los abogados de Save señalaron que la acción penal se dirige a esclarecer hechos que habrían provocado pérdidas cuantiosas, derivadas de primas no cobradas, pagos irregularmente gestionados y una gestión desleal por parte de la corredora, que además habría pagado comisiones bajo engaños a una segunda empresa relacionada, sin brindar transparencia ni información oportuna a la aseguradora.
Por su parte, Seguros Falabella negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y fuera de lugar. La filial del grupo de retail aseguró que las alegaciones buscan generar presión indebida y que su relación con Save ha sido siempre basada en negociaciones y acuerdos claros. La compañía reafirmó su compromiso de defender su reputación y anunció que emprenderá las acciones legales necesarias para esclarecer la verdad.
La historia se remonta a 2014, cuando ambas partes comenzaron su colaboración y Falabella explicó que, en el marco del acuerdo, se firmaron contratos con dos entidades distintas dentro del grupo, a fin de cumplir con las normativas y economías de la operación. Sin embargo, la firma denunciante sostiene que Falabella habría incumplido obligaciones básicas como dar de baja pólizas morosas, lo que permitió que siguieran vigentes y generaran comisiones y pagos indebidos. Además, se denuncian lagunas en los registros y pagos inconsistente que favorecían a la corredora en detrimento de la aseguradora.
El caso, que es investigado por el Fiscal Regional Xavier Armendáriz, ha generado gran expectativa en el sector financiero y de seguros, ya que involucra posibles delitos de administración desleal y responsabilidad penal de altos ejecutivos. La querella también hace alusión a estándares internacionales, haciendo referencia a la preocupación de la OCDE respecto a prácticas corporativas irregulares en empresas multinacionales.
Desde la perspectiva de la defendida, Falabella sostiene que la disputa solo busca obstaculizar sus operaciones y remarca que siempre cumplió con sus obligaciones, cuestionando la metodología y los argumentos presentados por Save. La empresa señala que la denuncia forma parte de una estrategia para trasladar las consecuencias de una mala administración por parte de Save, especialmente cuando esta se vio afectada por problemas financieros relacionados con la reaseguradora.
Este conflicto revela las complejidades del mercado asegurador y las posibles vulnerabilidades en la gestión de pólizas masivas, donde la transparencia y la buena gestión son fundamentales para mantener la confianza de los clientes y la estabilidad del sistema financiero. La conclusión del proceso legal, que aún está en desarrollo, podría marcar un precedente importante en la regulación y supervisión de las prácticas en el sector.
Mientras tanto, las partes han iniciado un proceso de defensa pública y legal, dejando en evidencia las tensiones que pueden implicar las alianzas comerciales y los estándares éticos en los negocios financieros en Chile. La atención está puesta en cómo las autoridades y los tribunales identificarán la verdad en medio de las acusaciones cruzadas, y qué medidas se tomarán para proteger a los consumidores y fortalecer la regulación del mercado de seguros.
