En el contexto educativo chileno, el incremento en las tasas de inasistencia escolar ha generado una profunda preocupación entre especialistas, docentes y autoridades. La problemática no solo afecta el rendimiento académico, sino que también pone en riesgo el desarrollo social y emocional de los niños y jóvenes. Hasta junio de 2025, la tasa nacional de asistencia alcanzaba un 88,1%, siendo una cifra que dista del objetivo del 90% propuesto por el Ministerio de Educación, lo que evidencia un retroceso en comparación con años anteriores.
Uno de cada cuatro estudiantes, aproximadamente el 26,9%, presenta niveles de inasistencia grave o crítica, lo que significa que asisten menos del 85% de las clases, faltando más de 27 días al año. Esta situación ha sido señalada como una ‘crisis silenciosa’ por expertos en educación, quienes advierten que la pérdida de días en el aula puede tener efectos irreversibles en el desarrollo integral de los alumnos.
Las causas de estas ausencias recurrentes son variadas, incluyendo paros, tomas de colegios, emergencias en las instituciones educativas y reparaciones que afectan la continuidad pedagógica. La semana pasada, la organización sin fines de lucro ‘Escuelas Abiertas’ publicó una carta alertando que en algunas regiones del norte del país, como Alto Hospicio, Copiapó y Antofagasta, estas problemáticas han ocasionado la pérdida de cerca de 389 horas al año, equivalentes a casi 54 días de clases, lo que equivale a casi tres meses borrados del calendario escolar.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, describió la situación como una ’emergencia educativa’. Afirmó que la raíz del problema radica en la falta de legislación adecuada para responder a situaciones de emergencia que afectan las escuelas, lo que limita las acciones que las autoridades pueden tomar para mantener las clases en condiciones óptimas.
El Ministerio de Educación ha señalado que, en los casos en los que se han realizado reparaciones de emergencia, se han establecido ajustes en el calendario escolar para garantizar que los estudiantes no pierdan clases. Sin embargo, los datos nacionales reflejan que estas medidas no son suficientes, pues la asistencia continúa en niveles preocupantes.
Los especialistas advierten que la inasistencia persistente tiene consecuencias severas en el desarrollo de los estudiantes. Ernesto Treviño, profesor titular de la Universidad Católica, indicó que cuando la inasistencia supera el 10%, o sea, más de 20 días al año, aumenta significativamente el riesgo de bajo rendimiento académico. Además, Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar, señaló que el nivel de inasistencia grave ha permanecido igual o incluso por encima de los niveles prepandemia, lo que predice una alta probabilidad de deserción escolar.
Las alarmas también vienen del aspecto social y de desarrollo. María Teresa Romero, directora ejecutiva de ‘Escuelas Abiertas’, afirmó que la inasistencia grave no es solo un dato técnico, sino una evidencia de que el Estado no ha priorizado lo más básico: asegurar que los niños y jóvenes asistan a la escuela todos los días, que se sientan atraídos y retenidos en el sistema educativo. Romero lamentó que un cuarto de los alumnos puedan terminar el año con más de 27 días de pérdida de clases, generando una crisis silenciosa que provoca que muchos pierdan conocimientos en áreas fundamentales como matemáticas, lenguaje e historia, además de experimentar desconexión social con sus pares y docentes.
Las consecuencias profundas del ausentismo se reflejan también en el riesgo de caer en conductas delictivas, consumo de drogas y otras problemáticas sociales. Por ello, Romero hizo un llamado urgente a los ministerios de Hacienda y Educación para priorizar la inversión en educación inicial y básica, ya que la reducción de recursos en estos niveles agrava la problemática del ausentismo y aumenta el riesgo de abandono escolar y exclusión social.
En conclusión, la problemática de la inasistencia escolar requiere acciones coordinadas y una inversión decidida por parte del Estado. La tendencia actual, si no se corrige, puede traducirse en una pérdida irrecuperable de oportunidades para la infancia y juventud, perpetuando las desigualdades sociales y generando un impacto negativo en el desarrollo del país a largo plazo.
