El reciente debate en Chile sobre el Presupuesto Nacional para 2026 ha generado una fuerte controversia, poniendo en evidencia las distintas posturas de los actores políticos respecto a la forma en que se asignan y gestionan los recursos públicos. La presentación del presupuesto por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric se realizó en un contexto de intensas críticas por parte de la oposición y de los propios aliados, quienes plantean preocupaciones sobre la responsabilidad fiscal, la transparencia y la orientación del gasto.
En su discurso, Boric anunció una expansión del gasto público del 1,7% para el año 2026, con el objetivo de cumplir la meta fiscal de un déficit de 1,1% y avanzar hacia la eliminación del déficit estructural proyectada para 2029. Además, resaltó que este sería el gobierno con el menor crecimiento de deuda desde la administración de Michelle Bachelet. En términos sectoriales, propuso incrementar en 900 mil millones de pesos el presupuesto destinado a Salud, y destacó también aumentos significativos en áreas como Vivienda, con un crecimiento del 37%, y Seguridad, con un 16,7%, reflejando un enfoque en mejorar las condiciones de vida y protección social de la ciudadanía.
Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos de la propuesta fue la eliminación de la llamada “glosa republicana”, un mecanismo de asignación de recursos de libre disposición que permite mayor flexibilidad a los gobiernos siguientes para reasignar fondos. La decisión de suprimir esta glosa fue fundamentada en recomendaciones de una comisión asesora del Ministerio de Hacienda, que propuso limitar el gasto discrecional para favorecer una gestión fiscal más responsable. Nicolás Grau, titular de Hacienda, explicó que esta decisión significa que no se libera un monto específico, sino que la administración entrante tendrá mayor libertad para reasignar recursos según las prioridades.
Desde la oposición, figuras como Evelyn Matthei criticaron duramente el presupuesto, acusando que “aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y mantiene los problemas económicos y sociales sin resolver”. Además, cuestionaron la falta de transparencia en cómo se manejarán las deudas acumuladas en áreas como Vivienda y Salud, y denunciaron que el gasto público se ha incrementado sin un plan claro para el futuro.
La propuesta también generó fricciones en torno a la actuación del Ejecutivo durante el proceso electoral. José Antonio Kast, candidato de Republicanos, afirmó que respetarán la decisión de eliminar la glosa, pero reiteró su interés en implementar recortes adicionales en el gasto político, afirmando que “el presupuesto 2026 es irresponsable” y que aumentará la deuda del país. En respuesta a esto, Kast afirmó que presentará propuestas para transformar esa asignación en beneficios concretos para todos los chilenos.
Otro punto relevante fue la alusión del presidente Boric a las propuestas fiscales de sus adversarios, particularmente respecto a Kast. La reacción de este último fue de rechazo, argumentando que las declaraciones del mandatario reflejaban una posible falta de prescindencia en temas electorales, y que su oferta de reducción del gasto apunta a disminuir beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El debate en torno al presupuesto también abordó temas de gestión y prioridades sectoriales. En salud, se propone un incremento de 900 mil millones de pesos para fortalecer el sistema, mientras que en seguridad y vivienda se mantienen aumentos importantes. Sin embargo, la discusión sobre la responsabilidad en el manejo de los recursos y la transparencia continúa siendo un punto central en la agenda política.
El Presupuesto 2026 refleja las tensiones entre un gobierno que busca consolidar su gestión con medidas de crecimiento fiscal responsable, y una oposición que pide mayor transparencia y recortes en el gasto político y social. El futuro del plan dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso, así como del compromiso de los distintos actores de respetar los procesos y priorizar el bienestar de los ciudadanos.
