La Contraloría General de la República de Chile ha divulgado un informe que arroja luz sobre la gestión y control de las licencias médicas en el país, enfrentando un escenario que evidencia una cantidad significativa de casos investigados por el uso indebido de permisos de salud. Hasta el pasado 5 de septiembre, se reportaron más de 8,3 mil sumarios iniciados en relación a irregularidades en las licencias médicas en distintas entidades públicas y en sectores relacionados.
El Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) del organismo contralor ha analizado detenidamente las acciones adoptadas en las diferentes instituciones, en un proceso que busca realizar un seguimiento transparente y efectivo sobre el cumplimiento de las normativas de salud laboral. Los hallazgos indican que se han desarrollado sumarios en 2,104 organismos distintos, con avance en el proceso en la mayoría de los casos, permitiendo detectar y sancionar conductas irregulares.
De los procedimientos en marcha, se destacan 8,301 casos en total, distribuidos principalmente en el sector municipal con 5.647 procesos, mientras que los otros sectores representan 2.654 procedimientos. La evidencia señala una tendencia a gestionar y resolver estas situaciones en un número relativamente bajo en comparación con la cantidad de funcionarios investigados, lo que genera una discusión sobre la efectividad del control y la fiscalización en estos ámbitos.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la cuantificación de las sanciones aplicadas. Hasta la fecha, se han registrado 52 destituciones, un dato que refleja la gravedad con que las instituciones toman estos casos cuando se confirman las irregularidades. Además, un total de 642 funcionarios han sido desvinculados mediante la terminación de sus contratos, mientras que pocos casos han alcanzado suspensiones, multas u otras sanciones disciplinarias.
Las instituciones que han dado por finalizados estos procesos incluyen municipios, hospitales públicos, instituciones de salud, y organismos gubernamentales diversos, demostrando un esfuerzo conjunto por abordar y resolver los incidentes detectados. Sin embargo, la contraloría también advierte que en algunos ámbitos, particularmente en casos relacionados con las Fuerzas Armadas, la Policía y Gendarmería, la notificación y el inicio de sumarios aún son insuficientes, con solo un 9% de los casos reportados en el sistema SIAD.
Entre los hallazgos relacionados con la salida del país por parte de funcionarios públicos con licencia médica, se evidenció que más de 25 mil trabajadores habrían salido del territorio nacional mientras estaban en reposo por motivos de salud. De estos, 969 casos ya cuentan con medidas disciplinarias en curso, incluyendo 52 destituciones y otros tipos de sanción. La investigación también revela que diversas municipalidades y hospitales ya han cerrado formalmente estos procedimientos, lo que refleja un avance en la fiscalización.
El informe de la Contraloría señala que, pese al volumen de casos investigados, el número de procedimientos iniciados es relativamente bajo en comparación con la cantidad total de irregularidades detectadas. Esto puede indicar la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para prevenir nuevas irregularidades y garantizar una gestión más eficiente en el uso de licencias médicas institucionales.
En conclusión, el balance presentado por la Contraloría muestra un panorama donde, aunque se han tomado medidas correctivas y sancionatorias, queda aún un amplio margen para mejorar en la vigilancia y en la efectividad de las acciones disciplinarias respecto a las licencias médicas en el sector público. La transparencia en estos procesos es fundamental para restablecer la confianza en el sistema y asegurar un uso adecuado de los permisos médicos, garantizando que los recursos públicos se gestionen con responsabilidad y en el marco de la ley.
