El Tribunal de Garantía de Temuco ha establecido una audiencia para el próximo 8 de octubre con el objetivo de revisar las medidas cautelares aplicadas a un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de la Región de La Araucanía, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva tras su formalización en el marco de la llamada ‘Operación Imperio’.
Este funcionario judicial está involucrado en una compleja investigación por presunto lavado de activos y otros delitos graves. Se le vincula con una organización criminal que operaba en la región, cuya actividad delictiva incluía la falsificación de documentos oficiales, creación de empresas ficticias, y el uso de identidades falsas para acceder a créditos y destacar en actividades financieras ilícitas.
La audiencia, solicitada por la abogada Karla Pérez, quien representa legalmente al detenido, se realizará en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. En ella, se evaluararán las condiciones y la justificación para mantener la prisión preventiva del funcionario, quien ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público junto a alrededor de 40 otros individuos en un proceso que ha sacudido al sistema judicial local.
Es importante señalar que en la ‘Operación Imperio’, las fuerzas policiales, en colaboración con la Fiscalía, lograron desmantelar una organización delictiva que se dedicaba a lavar dinero de diversas fuentes ilícitas. Además, la banda criminal falsificaba títulos universitarios y cédulas de identidad, facilitando así el blanqueo de capitales y la obtención ilegal de créditos bancarios mediante la constitución de empresas fantasma.
Según las investigaciones, el funcionario del Poder Judicial ejercía el rol de ‘asesor jurídico’ para la banda, e incluso habría aportado su propia identidad para registrar bienes, incluyendo un helicóptero, lo cual evidencia su implicación en las actividades delictivas.
Durante la operación, las autoridades lograron incautar bienes muebles e inmuebles por un valor superior a los 3 mil millones de pesos, en un esfuerzo por desactivar la estructura criminal y recuperar los fondos ilícitos utilizados para actividades ilegales.
Cabe aclarar que este proceso judicial se encuentra en curso, y existe la posibilidad de que los cargos presentados sean revisados o desestimados al concluir la investigación. Por ello, es fundamental recordar que toda persona imputada se presume inocente hasta que la justicia dictamine su culpabilidad mediante una sentencia definitiva. Esta información respeta el artículo 04 del Código Procesal Penal, que tutela el derecho a la presunción de inocencia.
