El pasado viernes, diversos gremios del sector de la construcción de viviendas sociales denunciaron que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha mantenido demoras en los pagos que se remontan a varios meses atrás. La cartera ha reconocido un escenario presupuestario complicado y restrictivo, que no permite garantizar la aprobación de los pagos a corto plazo, generando incertidumbre en las empresas involucradas.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, abordó esta problemática durante una declaración pública. Desde mayo, ha recibido reportes de asociados respecto a retrasos en los pagos y la entrega de anticipos que financian la construcción de viviendas con subsidio estatal, afectando la continuidad de estos proyectos.
Echavarría sostuvo que, conscientes de la gravedad, han establecido un diálogo permanente con las autoridades del Minvu para buscar soluciones que permitan regularizar la situación sin poner en riesgo la ejecución de los planes. Aunque no especificó la cantidad de dinero acumulado en deudas —que, según fuentes anteriores, podría aproximarse a los mil millones de dólares—, afirmó que varias empresas están enfrentando demoras en los pagos que llegan hasta los 60 días, con consecuencias graves para su operación y el avance de las obras.
El gremio explicó que la mayoría de las compañías afectadas operan en la Región Metropolitana y en el Maule, afectadas por líneas de financiamiento que incluyen pagos pendientes del Decreto Supremo 49, subsidios por pagar, préstamos de enlace del Decreto Supremo 19, y deudas provenientes de compras de terrenos y unidades habitacionales para programas de arriendo a precio justo.
Ante esta situación, el gremio resaltó que más allá de los casos particulares, el desafío principal reside en definir cómo enfocar la política habitacional en el próximo presupuesto nacional, en un escenario cada vez más complejo: una mayor demanda de viviendas, costos de construcción elevados y menor disponibilidad de suelo. Para cumplir con la meta de reducir el déficit habitacional, es imprescindible proyectar una política de vivienda realista y sostenible.
En ese sentido, Echavarría hizo un llamado a que el presupuesto que será presentado en los próximos días incluya los recursos necesarios, de modo que la construcción de viviendas no vuelva a verse comprometida por faltas de pagos oportunos por parte del Estado. La continuidad y crecimiento de un sector fundamental para el desarrollo social y económico del país dependen de ello.
Este contexto ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos y recursos destinados a garantizar la ejecución de programas de vivienda social, así como la importancia de mantener un diálogo fluido entre el sector público y privado que permita afrontar juntos los desafíos presupuestarios y económicos futuros.
